C. G. CASTALLA
Los miembro de la Agrupación de Interés Urbanística, que han preferido ocultar su identidad, anunciaron que han presentado un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) con el fin de que capacite a un ingeniero técnico para vigilar que las obras no sobrepasen los 6,8 millones de euros del proyecto presentado por Suelo de Bastá. Los propietarios del suelo, además, quieren que a través de este recurso el Ayuntamiento les devuelva los “entre 13 y 15 millones de pesetas” que se han gastado en abogados, arquitectos y planos. Éstos insisten en que la Ley Valenciana del Suelo les da preferencia sobre un agente urbanizador, y además creen que el proyecto adjudicatario vulnera hasta 30 normas de esta Ley.

Desde la agrupación también se apunta que el Ayuntamiento ha puesto como norma que el metro cuadrado no cueste más de 13 euros, y que a través de este acto judicial vigilarán para que este requisito se cumpla.

La agrupación urbanística, que incluye a 32 propietarios dueños de hasta el 67% del terreno, deslegitimaron el proyecto adjudicatario al considerar que no alcanza semejante rango, y que se queda en un mero informe jurídico. Finalmente dijeron que han desistido de reclamar la adjudicación porque en caso de hacerlo el proceso se dilataría entre cinco y seis años, y que ellos no pretenden entorpecer el polígono. Cabe recordar que según las leyes son los dueños los que tienen que asumir los costes de urbanización, y por ello el Ayuntamiento destaca que se ahorrarán varios millones.