EL PSOE pide el "cese inmediato" del conseller González Pons

Escaparate/Castalla. El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó, en su edición del martes 31 de noviembre, el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo, con fecha 3 de mayo de 2006, mediante el que se formaliza la cédula de urbanización del Plan Parcial del sector Los Campellos-2, solicitada por Marsadi SA, la mercantil urbanizadora de Castalla Internacional.

De esta forma, queda legalizada la situación del segundo sector de esta urbanización, que ha sido ampliamente denunciada por el PSOE.

Con esta publicación en el BOP, “cualquier ciudadano puede conocer los antecedentes del expediente tramitado y verificar que el Plan Parcial del sector Los Campellos-2 se encuentra aprobado y que Medio Ambiente emitió un informe favorable”, afirma en un comunicado el portavoz del Grupo Popular y alcalde en funciones, José Lino Rico.

Entre los antecedentes del caso, Rico destaca que en el Pleno del 18 de marzo de 2005 “se aprobó provisionalmente la alternativa técnica, acompañada del proyecto de urbanización y la proposición jurídico-económica, así como el Plan Parcial del sector, supeditándose a la aprobación definitiva del Plan Parcial y a la declaración favorable de impacto ambiental”, la cual se hizo efectiva, a través de un informe favorable de la Dirección General de Gestión del Medio Ambiente de febrero de 2006, según queda reflejado en el escrito de José Lino Rico.

Dos meses después, “la Comisión Territorial de Urbanismo acordó aprobar el texto refundido del Plan Parcial supeditado a la subsanación de una serie de observaciones, las cuales fueron solventadas en el Pleno de junio”, prosigue el comunicado, que concluye que, dados los argumentos expuestos, “es absolutamente falso que desde el Ayuntamiento se vengan desarrollando prácticas políticas sin planificación ni concierto”, como denunció el PSOE en su día.

“Muy al contrario”, afirma Lino Rico: “Las actuaciones que se desarrollan en este municipio se realizan previo estudio y análisis de las posibles alternativas existentes y seleccionando aquellas que más benefician los intereses de los ciudadanos de Castalla y de acuerdo con los principios de igualdad y publicidad”.

El portavoz popular arremete contra las declaraciones realizadas recientemente por parte del diputado socialista Antonio Amorós, el portavoz del PSOE local, Antoni Luna, y el responsable de Territorio y Vivienda del PSPV, Eugeni Burriel, y las califica de “cuando menos, sorprendentes”, puesto que “una vez se han ido conociendo las aprobaciones e informes favorables existentes”, su actitud “se ha ido diluyendo” y se han situado “muy lejos de las denuncias formuladas en otros municipios por construcciones ilegales” dirigidas por el PSOE, “y que aglutinan escándalos urbanísticos acaecidos más allá de nuestra Comunidad”.

En definitiva, “la carencia de argumentos objetivos lleva al PSOE de Castalla a tener que utilizar el recurso fácil del desprestigio a través de los medios de comunicación”, con lo que sólo se consigue “propagar afirmaciones falsas y lesivas para el municipio”, finaliza el comunicado del PP.

EL PSOE PIDE el "CESE INMEDIATO" EL CONSELLER DE TERRITORIO Y VIVIENDA, ESTEBAN GONZÁLEZ PONS

El portavoz socialista en la Diputación Provincial de Alicante, Antonio Amorós, exigió el martes al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el "cese inmediato" del conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, “por los nuevos pasos dados para legalizar una urbanización de 450 viviendas en Castalla a pesar de que no cumple con la legislación vigente, carece de autorización de la Confederación Hidrográfica, vierte aguas residuales y ha sido construida al margen de los permisos municipales, sin que el Ayuntamiento haya tratado de impedirlo”.

Amorós afirmó que estos comportamientos “son los que insultan el buen nombre de los constructores y promotores honrados de esta provincia, porque el PP prima a aquellos que violan, asaltan y vapulean la legislación en cada una de sus actuaciones”.

“González Pons debe ser cesado de manera fulgurante porque se ha convertido en un cómplice necesario en este desmán urbanístico cometido en la segunda fase de la Urbanización Castalla Internacional.”, prosiguió Amorós, quien reclamó que “es necesario que el Consell aplique el mismo articulado de la Ley Urbanística Valenciana utilizada para dar el golpe de estado perpetrado en Catral, y retirar las mismas competencias de urbanismo al Ayuntamiento de Castalla”.

Amorós afirmó que “existen actas de plenos en el Ayuntamiento de Castalla donde el propio alcalde, Juan Rico, reconoce que existe la ilegalidad en la segunda fase de Castalla Internacional” y “en ningún momento el PP de Castalla ha abierto expediente de infracción urbanística”.

El portavoz socialista pide que se ponga fin a “la explotación” del término castallense.