Escaparate/Castalla. Durante la última sesión plenaria del Ayuntamiento de Castalla, celebrada el pasado 28 de abril, el grupo municipal del PSPV-PSOE formuló una pregunta al equipo de Gobierno en relación al elevado consumo de drogas que, al parecer, se está produciendo en la población (especialmente los más jóvenes). Una circunstancia que, según ha podido saber este periódico, ha hecho saltar la voz de alarma en la Unidad de Conductas Adictivas de Alcoy (UCA), tras los estudios de los análisis efectuados a la población juvenil castallense.

Al respecto, el concejal de Sanidad, José Luis Prats, a pesar de no disponer de datos concretos, sí reconoció el problema, que calificó como “preocupante”. Asimismo, Prats señaló que desde el Ayuntamiento “nos preocupa” este hecho, y que ya se está trabajando intensamente “para buscar soluciones”.

En concreto, el edil de Sanidad hizo referencia a la puesta en marcha de un programa de actuación que se centrará en tres focos: uno de ocio, como la promoción de fiestas y juegos saludables, y del que ya se celebró una primera edición este pasado verano. Un segundo foco, según el edil, donde entraría la familia, y en el que se prevé la confección de una escuela de padres para que sepan, entre otras cosas, cómo detectar si sus hijos son consumidores de alguna sustancia. Y el tercero, de formación, donde se potenciaría las charlas informativas en los centros educativos.

Venta de drogas
Por otro lado, los socialistas también interrogaron a los Populares acerca de qué actuaciones está llevando a cabo el equipo de Gobierno para evitar la supuesta venta de drogas que se está produciendo en el municipio. Algo que, según denuncia el PSOE, se hace cada más público y notorio.

En ese sentido, el alcalde de Castalla, Juan Rico, señaló que la Policía Local realiza un seguimiento del problema desde ya hace tiempo, pero que se ve dificultado por el hecho de que los supuestos traficantes siempre son detenidos con cantidades de droga insignificantes, lo que supone una vuelta al principio. Y es que en esos casos, según fuentes consultadas, lo único que puede hacer la Policía es, por un lado, decomisar la mercancía y enviarla al Ministerio de Sanidad para su posterior análisis, y, por otro lado, poner los hechos en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno, que tan sólo tramita una sanción por una falta contra la Ley de Protección de la Salud.