Escaparate/Onil. Son conscientes de que han cometido una irregularidad urbanística, algunos bastante importante. Sin embargo, consideran que el Ayuntamiento debe darles una solución y no dejarlos en la ilegalidad tras pagar la sanción correspondiente. De ahí que hayan decidido unirse al menos para compartir información y presionar al consistorio, tal y como explica uno de los afectados. De momento, son cerca de una treintena, pero no descartan que se puedan adherir más propietarios ya que el Ayuntamiento dispone de más de 200 expedientes abiertos. Los casos son muy distintos, los hay a quien se le ha impuesto una multa de 12.000 euros tras recurrir y a otros, tan sólo de 2.000 euros. De momento, no las han pagado y están esperando a que se cumplan los plazos. Piden al Ayuntamiento una solución para no permanecer en la ilegalidad y entienden que son los políticos quienes tienen la última palabra.

Los afectados han contratado a un urbanista para que les dé información sobre cada uno de los casos y, por supuesto, están estudiando el modo de legalizar su situación. Uno de ellos explica que la posición que ha adoptado el equipo de gobierno parece tener sólo un “afán recaudatorio” y señala que tendría que haber paralizado las obras e informado de la presencia de un inspector.

Entienden que algún gobierno tenía que poner freno a las infracciones urbanísticas pero insisten en que hay que buscar una solución para que, tras el pago de la multa, su vivienda se legalice porque no quieren continuar en “precario”.