Escaparate/Onil. La Agrupación de Propietarios del APD-10 no está de acuerdo con la decisión del Ayuntamiento de retirarles la condición de agente urbanizador de esa zona y por lo tanto han decidido interponer un recurso de reposición en el juzgado de lo contencioso-administrativo; además van a pedir la nulidad del acuerdo por incumplir los trámites legales, según han explicado los abogados. En este sentido señalaban que “vamos a hacer ver los errores que la secretaria ha cometido en el informe jurídico para adoptar este acuerdo”.

El conflicto entre el Ayuntamiento y los propietarios se remonta a hace más de cuatro años cuando la agrupación presentó su propuesta frente a la de Onil Urbana Obras y Construcciones (propiedad de Diego Jiménez y Ricardo Guill). Una mejor oferta y una garantía que avala las futuras obras hizo declinar la balanza hacia el lado de los propietarios sin embargo hasta el momento ambas partes no han llegado a un acuerdo, sobre todo por el tema de la garantía y del pago que debían realizar a la empresa privada para que retirara su proyecto y la adjudicación provisional pasara a ser definitiva. Después de cuatro años, tres alcaldes y dos requerimientos plenarios para que cumplieran sus propuestas, los propietarios han perdido la condición de urbanizadores. Aseguran que si la decisión del Ayuntamiento no varía, van a ganar y eso puede suponer un gasto para las arcas municipales de 420 millones de pesetas que deberán costear los ciudadanos.

Ante esta situación, la alcaldesa, Merce Mira, explica que los técnicos redactaron un informe en julio del año pasado donde anunciaban la retirada de la condición de urbanizadores a los propietarios por incumplir los requerimientos realizados y durante este tiempo, no han actuado para que finalmente la decisión no llegara al Pleno. La alcaldesa considera que “han llegado siempre tarde” y que el Ayuntamiento debía resolver cuanto antes este problema.

La agrupación de propietarios continúa batallando por su derechos, según explicaba el presidente, Juan Carrillo, y, asesorados por sus abogados, consideran que esta cuestión se resolverá a favor de los vecinos.