Escaparate/Ibi. El equipo de gobierno presentaba ayer jueves los informes que avalan la legalidad del voto del concejal popular, Pascual Pérez, en el pleno del 5 de septiembre sobre una moción del Alamí, al tiempo que desvelaba que familiares de un concejal de ADIi también son propietarios de terrenos en esa zona.

Se trata concretamente del suegro de Juan Miguel Beneito, según ha manifestado el portavoz popular, y ante ello, criticaba con dureza la actitud de los independientes que “usan diferentes varas de medir, ocultando esta situación a todos y eso no se puede permitir”. Para Miguel Ángel Agüera, “la ley es igual para todos” y puesto que los populares defienden la legalidad del voto de su concejal “también Juan Miguel Beneito puede votar”.

De todos modos, acusaba a la oposición de mentir cuando afirmó públicamente que acudiría a los tribunales para demostrar la ilegalidad del voto e impugnaría el acuerdo plenario sobre el Alamí, “y ahora les decimos que también pueden impugnar el voto de Beneito”.

Agüera acusaba al portavoz socialista, Antonio Martos, “de falta de conocimiento político y falta de liderazgo en su partido que le llevan a actuar así” y manifestaba que existe una total complicidad entre socialistas e independientes para frenar todos los proyectos del equipo de gobierno y “sembrar serias dudas sobre nuestra gestión”.

Desarrollo urbanístico

El concejal de Urbanismo, José Campoy, ha centrado su intervención en las críticas recibidas por su reunión con los promotores de viviendas manifestando que el PGOU no ordena como debe realizarse el desarrollo urbanístico y lo único que se está intentando “es paralizar el desarrollo urbanístico, económico y social de Ibi con fines partidistas”.

Por su parte, el concejal de Sanidad, Pascual Pérez, hacía públicos dos informes para demostrar la legalidad de su voto en una moción sobre el Alamí. Los citados informes están firmados por el letrado asesor del Ayuntamiento y anterior secretario, Federico López y por la actual secretaria, Consuelo Quiralte. En ambos se concluye que el Pleno no puede adoptar en ningún caso un acuerdo de trámite o definitivo respecto a la aprobación independiente de un proyecto de urbanización, por no ser competente para ello. Las competencias las tiene únicamente la alcaldía. Se refiere a la moción de ADIi que solicitaba la ampliación de plazos para presentar alegaciones al proyecto del Alamí.

Asimismo, se indica en los informes que ningún concejal tiene porqué abstenerse por el mero hecho de que sus propiedades resulten afectadas por la actuación (artículo 91.4ºROF). Pascual Pérez recordaba a Martínez y a Martos que pueden ir a los juzgados “si no lo tienen claro y dimitan si no tienen razón”.