Alrededor de 70 personas, entre profesores, padres y alumnos, se encerraron el jueves 20 durante unas tres horas en el salón de actos del Instituto de Educación Secundaria de Castalla para exigir una enseñanza pública “digna y de calidad”.

Aparte de los problemas estructurales y funcionales que la Plataforma per l’Ensenyament Públic ha detectado en la educación pública valenciana, la gota que ha colmado el vaso ha sido, sin duda, “el claro uso partidista del sistema educativo” y las “presiones al profesorado” que conlleva la orden de Conselleria de impartir en inglés la asignatura Educación para la Ciudadanía (EpC), “sin importarles perjudicar a nuestros alumnos”.

En caso de que la Generalitat no rectifique su postura, la Plataforma ha convocado una manifestación multitudinaria en Valencia para el sábado 29 de noviembre.

Además de la polémica EpC en inglés, el encierro también estuvo motivado por: “Desatención de la población infantil de 0 a 3 años; falta de especialistas en lenguas extranjeras durante los primeros cursos; barracones en pleno siglo XXI e instalaciones insuficientes para dar respuesta al incremento de matrícula; plantillas inestables de profesores, falta de educadores, fisioterapeutas y administrativo en Primaria; plazas docentes de Secundaria no catalogadas en valenciano, que rompen la continuidad de las líneas en esta lengua; proceso de matriculación que permite a los centros privados concertados (pagados por todos) a elegir a su alumnado”.

Entre los problemas funcionales destacan: “Falta de competencia lingüística de los alumnos, en lengua extranjera, al acabar Primaria; dominio poco satisfactorio de las dos lenguas oficiales; el 21% del alumnado desaparece del sistema entre los 15 y los 16 años, consiguiendo el título de graduado en ESO sólo el 69%; el 45% de los jóvenes de entre 16 y 21 años no sigue estudiando; existe un aparato burocrático sectario y partidista que interviene en la elección de directores y presiona al profesorado (EpC); ausencia de una política de formación del profesorado satisfactoria; imposiciones unilaterales” y un largo etcétera.

La protesta del jueves en Castalla exige una solución “a todos y cada uno de estos problemas, que degradan progresivamente la educación pública”.