Escaparate/Ibi. Una veintena de propietarios de solares en la zona del Alamí, unidos en una Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) creada hace un año para urbanizar esta zona, han decidido poner, cada uno, un recurso de reposición contra la decisión del Pleno del Ayuntamiento de adjudicar el desarrollo de estas obras a la empresa La Generala. Pero además, la agrupación ha decidido acudir a la vía judicial e interponer un contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento.

Los propietarios, según ha explicado el abogado de esta agrupación, no están conformes con la decisión municipal ya que la propuesta que ha sido aprobada es la más cara. El presupuesto total de la elegida asciende a 16.174.286 euros mientras que la de la AIU era la más económica, siendo de 8 millones de euros. Además de estas propuestas, hay otros siete que se encuentran entre ambos presupuestos y a pesar de ello, el Ayuntamiento, según explica el abogado de la AIU, ha decidido adjudicar el desarrollo de esta zona, que prevé la construcción de hasta un millar de viviendas, a la propuesta más elevada y la que supondrá que cada propietario deberá pagar hasta 42,45 metros cuadrados por metro urbanizado, una cifra que la AIU reducía hasta los 21 euros. Para mayor perjuicio de los vecinos, la propuesta de la Generala da al suelo bruto un valor de 28,78 euros por metro cuadrado mientras que la AIU lo sitúa en 48 euros y eso a pesar de que “la reciente Ponencia de Valores Catastrales es de 50 euros el m2” según se señala en el recurso de reposición presentado por los particulares.

En cualquier caso, para la AIU, este procedimiento posee bastantes irregularidades que lo hacen susceptible de ser ilegal de ahí que se haya presentado ese contencioso-administrativo. Entre esas irregularidades figuran algunas de las afirmaciones que se realizan en los informes técnicos-jurídicos en los que no se hace referencia a los presupuestos, algo que según explica el abogado de la AIU, suele ser importante a la hora de adjudicar las obras.

La AIU no comparte el criterio de los servicios jurídicos respecto a la división del proyecto de urbanización en dos fases. En el informe técnico se señala que esto puede ser perjudicial para los propietarios, sin embargo el abogado de la AIU explica que esta opción ha sido elegida por los vecinos precisamente por considerarla más adecuada.

El concejal de Urbanismo, José Campoy, ha señalado a este periódico que se eligió la propuesta de La Generala siguiendo las indicaciones de los informes técnicos-jurídicos que se alargaron por la necesidad de valorar exhaustivamente el coste de las obras según el PGOU, ya que las alternativas técnicas presentadas inicialmente eran muy diferentes.

Aún así, Campoy ha señalado que se estudiarán los recursos presentados por los vecinos en las comisiones informativas y se decidirá en Pleno si se aceptan o desaprueban. El concejal de Urbanismo recuerda que la elección de La Generala ha estado motivada por las ventajas que ofrece “para los intereses generales de los ciudadanos” y que la propuesta de la AIU vela por los “intereses particulares de los propietarios”.