Llevan 30 años de esperas y sustos administrativos y se merecen ya de una vez tener unas calles dignas de ese nombre, en una urbanización. El Ayuntamiento de Tibi –parece que ahora va en serio– va a rematar las obras para un proyecto maldito, el de Finca Terol. ¿En qué mente sensata cabe que en el Registro de la Propiedad se diera cobertura legal a sinvergüenzas que vendieron la misma parcela a varios compradores? Todo legal, con sus cuños en los papeles... ¿y los controles administrativos? ¿Qué clase de sistema regula nuestra convivencia y nuestros tratos?

El tamaño de la urbanización parece que le vino siempre algo grande a un municipio con un millar de habitantes y, en consecuencia, con unos presupuestos municipales proporcionados a este censo.

Tal vez en estos casos tendría que acudir en su auxilio una Administración con más recursos, la Generalitat, por ejemplo. Pero dejar construir casas y no proporcionar los servicios durante ya tres décadas sólo se puede calificar de dejadez de funciones y chapuza. No es cuestión de siglas y partidos, porque tuvieron las riendas del poder en ese tiempo de todos los colores e ideologías.

Y cuando los conflictos entre particulares se demoran sin visos de acuerdo, llega el momento de que la autoridad medie, arbitre y aplique medidas, aunque no llueva a gusto de todos. El bien común y colectivo debe primar sobre los intereses individuales. Ese interés de conjunto está por encima de cuánto hay que pagar de contribuciones especiales o de a quién se le adjudica la reparcelación y urbanización. Que se haga de una vez, con transparencia en las cuentas, sin despilfarro ni presupuestos hinchados o que se disparan conforme avancen los trabajos.

Y, sobre todo, con lo que se ha tardado, que los inspectores del Ayuntamiento vigilen como si se tratara de la edificación de sus casas los resultados y acabados de esta urbanización. Sólo faltaría que no se lo dejaran bonito.