El equipo de gobierno ha decidido aprobar la creación de una comisión de investigación que analice el expediente correspondiente a la unidad de ejecución NPR3, cuya adjudicación a la empresa Toplabi, de la que es abogada Felicidad Peñalver, se aprobó por todos los grupos políticos del Ayuntamiento en sesión plenaria en 2005.

Esta decisión plenaria ha sido revocada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana “por no ajustarse a derecho y, por tanto, no correspone a una decisión del equipo de Gobierno ni a ningún tipo de interés particular actuar contra dicha empresa como está tratando de trasladar la edil expulsada”, explica el PP en un comunicado.

El Grupo Popular espera que creando esta comisión de investigación, “se despeje cualquier tipo de duda en referencia a este tema y se llegue hasta el final puesto que estamos convencidos de haber actuado con claridad, transparencia y dentro de la legalidad en todas y cada una de nuestras decisiones”.

Asimismo, esperan que esta comisión deje claro que los “únicos intereses particulares que se han podido defender en todo el proceso serían, en cualquier caso, los que la propia Felicidad Peñalver, como abogada de la urbanizadora, haya llevado a cabo”.