Escaparate/Ibi. El Partido Popular ha decidido cambiar la gestión de la piscina climatizada para que en lugar de una empresa privada, sea el propio Ayuntamiento quien la dirija. Hace sólo un año que el PP defendió la gestión indirecta sin embargo los datos negativos que ha obtenido la empresa en el primer año de funcionamiento de la piscina, obligan al equipo de gobierno a tomar esta decisión. En concreto, la empresa ha perdido 80.000 euros en el ejercicio de 2006 y, según el primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, el Ayuntamiento tiene dos opciones: pagarle un canon anual de 100.000 euros o asumir la gestión de la piscina.

Para Agüera, “los precios populares” de los bonos y las tarifas “tan económicas” han provocado estas pérdidas a la empresa. Y para mantenerlos, el equipo de gobierno entiende que la única solución es asumir la gestión y también a los empleados que actualmente forman la plantilla de la piscina climatizada.

Agüera pone como ejemplo la piscina recientemente abierta en Aspe donde se venden bonos mensuales a 36 euros por usuario. El portavoz Popular compara este precio con el abono anual de la piscina de Ibi que asciende a 190 para una familia completa.

Está previsto que en las próximas semanas, el gobierno local cancele el contrato con la empresa privada e inicie la gestión directa. Agüera insiste en que no se va a interrumpir el servicio que continuará como hasta ahora.

‘Fracaso del PP’
Miguel Ángel Agüera informó de esta decisión en la comisión de Hacienda del miércoles. Mientras que ADIi fue bastante cauto en sus manifestaciones a la espera de disponer de las cuentas de la empresa, el PSOE ha calificado la rectificación del PP de “fracaso total y absoluto”. El portavoz socialista, Antonio Martos, ha recordado que el PSOE defendió hace un año la gestión directa o mixta (contratar a una empresa el servicio de matenimiento) y pide al gobierno que antes de adoptar esta decisión, deber “exigir responsabilidades a la empresa y que cumpla el contrato firmado”. Respecto a la plantilla, los socialistas defienden que se tendrían que haber seguido los trámites propios de una administración pública.