Escaparate/Onil. En un Pleno extraordinario, sólo cuatro días después de realizar uno ordinario, el martes a mediodía el Ayuntamiento dio el primer paso para que los propietarios del APD-10 (los terrenos situados desde la entrada a Onil hasta las pistas de tenis) no puedan urbanizar esa zona. Han sido más de cuatro años desde que el gobierno local aprobó de forma provisional conceder a la Agrupación de Interés Urbanístico la condición de agente urbanizador, pero después de todo este tiempo, se pretende que sea la empresa que en su día presentó el proyecto, quien ejecute las obras.

Los propietarios, cerca de 50, están indignados y de ese modo lo demostraron durante la sesión plenaria. Tras una breve intervención de la alcaldesa, Merce Mira, en la que lamentaba adoptar esta decisión pero donde aseguraba estar respaldada por los técnicos municipales; el portavoz popular, José Mª Rozalén entregó una carta donde justificaba la abstención de su grupo. Un escrito que no leyó ante la perplejidad de los asistentes. De este modo, cada portavoz del grupo emitió su voto (el tripartito a favor) y se levantó la sesión. No hubo manos alzadas para votar, así que al término del Pleno, los propietarios no sabían exactamente lo que se había aprobado. Los asistentes no dudaron en llamar “ladrones” a los miembros de la Corporación que se retiraron rápidamente del salón de Plenos. Sólo el concejal socialista, Ximo Olcina, se quedó atendiendo a los propietarios y explicándoles la decisión adoptada.

La alcaldesa, Merce Mira, alude a los informes técnicos, internos y externos, para retirarles la condición de urbanizadores y recuerda que han sido tres alcaldes y tres secretarios los que han coincidido en la misma resolución. “Lamentamos adoptar esta decisión”, afirmaba la alcaldesa a la vez que aseguraba que “el Ayuntamiento nunca ha ido en contra de los propietarios”. Tras este acuerdo, la empresa Rabel, tiene quince días para aceptar la propuesta de urbanizar.

Enfado de los propietarios
La Agrupación de Interés Urbanístico, antes de celebrarse el Pleno, envío un informe a todos los miembros de la Corporación y en ese mismo escrito, señala que “actuaremos judicialmente y consideraremos demandar a título particular a los miembros de la Corporación que voten favorablemente este acuerdo, así como también a los técnicos que con sus informes den cobertura a lo que estimamos es una manifiesta ilegalidad, reclamando individualmente a cada uno de ellos la compensación económica por los perjuicios causados”.

La Agrupación de Interés Urbanístico ha enviado un comunicado a esta redacción donde manifiesta que la decisión plenaria “se ha adoptado por iniciación injustificada e injustificable de la alcaldesa sin explicar sus causas”. “Éste es el trato habitual que hemos recibido; desde el principio el Ayuntamiento ha culpado a la Agrupación de todos los males del sector ADP-10, obligándonos a pagar cantidades desorbitadas a la empresa Onil Urbana (actualmente Rabel Construcciones) y a realizar gastos injustificados”, afirman.

La Agrupación ha contestada “en tiempo” las exigencias del Ayuntamiento, algo que éste no ha realizado, según explican en su escrito.

Según se desprende del comunicado, la decisión que ha adoptado el Ayuntamiento supondrá “un perjuicio económico directo de 330 millones de pesetas para los propietarios de los terrenos” ya que la oferta de la empresa privada es “180 millones de pesetas más cara y disminuye en 9.500 metros cuadrados” la edificabilidad asignada por el Plan General. Acaban el escrito afirmando: “deseamos que el pueblo y toda la sociedad conozca los despropósitos, arbitrariedades e injusticias que el Ayuntamiento está cometiendo con unos vecinos de Onil para beneficiar a una empresa privada; para ello utilizaremos todos los medios que nos otorga la Constitución”. En breve, la agrupación editará unos folletos informativos sobre los detalles “de este atropello”.