Escaparate/Ibi. Los partidos de la oposición, a excepción del Grupo Mixto, han solicitado, con la máxima urgencia, la convocatoria de un Pleno extraordinario para debatir la revocación del acuerdo de aprobación del proyecto de urbanización del Alamí, adoptado por el PP en solitario. Un acuerdo que entienden “no solamente vulnera las reglas del juego democrático, sino también la legalidad”.

En un comunicado conjunto, PSOE, ADIi y EU, denuncian cómo el equipo de gobierno ha usurpado al Pleno el debate del proyecto del Alamí, como corresponde a un instrumento de gestión y desarrollo urbanístico fundamental del municipio (350.000 m2 y más de 1.000 viviendas), aprobándolo unas horas antes de la sesión plenaria del 24 de julio, sin previa comunicación a los grupos en la Junta de Portavoces se celebró. Hecho que califican como “nueva falta de respeto a la esencia de participación democrática y al debate en el máximo órgano decisorio de la vida municipal”.

Para la oposición, esta actuación “no hace más que añadirse al cúmulo de sombras, actuaciones poco transparentes, irregularidades y despropósitos que sobre esta urbanización, ya aparejada al nombre del PP, se están produciendo”.

Entre las graves deficiencias del proyecto señalan: los errores de puntuación para adjudicar la obra a Generala, el informe del Síndic de Greuges recomendando la revocación de la adjudicación de agente urbanizador y los numerosos contenciosos administrativos presentados.

Por estas razones, piden también la revocación de la condición de Agente Urbanizador, “en aras a garantizar la máxima transparencia”, y manifiestan que “nada puede justificar, ni amparar, ni explicar al pueblo por qué el PP quiere evitar que se discuta y se vote en el Pleno un proyecto de 17 millones de euros, el más importante de la historia de Ibi”.

CAMPOY AFIRMA QUE EL PLENO NO ES UN ORGANO SUPERIOR A LA JUNTA DE GOBIERNO

La petición de los grupos de la oposición para que se revoque el acuerdo de la Junta de Gobierno que ha aprobado el proyecto de urbanización del Alamí, no podrá prosperar, según ha explicado el concejal de Urbanismo, José Campoy “porque el Pleno no es un órgano jerárquicamente superior a la Junta de Gobierno que, por ley, es el órgano competente para aprobar los proyectos técnicos de urbanización”.

En cuanto a la petición también realizada por la oposición para que se revoque la condición de urbanizador a la empresa Generala, Campoy recuerda que en el Pleno de noviembre de 2004, todos los grupos del Consistorio aprobaron, por unanimidad, este nombramiento.

Explica el concejal de Urbanismo, que transcurridos dos años, el acuerdo es firme y no se puede revocar, ya que en su momento, “hubo un plazo de 30 días para reclamar y nadie lo hizo”.