El portavoz de Esquerra Unida, José Vicente Verdú, denuncia públicamente que el Ayuntamiento ha autorizado un “ventajoso” cambio materiales en la urbanización del Alamí que perjudicará a los propietarios.

En un comunicado, el edil explica que hace poco más de un año la empresa La Generala solicitó al Ayuntamiento un cambio de materiales de la urbanización del Sector PR-27/28/29 y 30. El técnico del Grupo Generala pidió la sustitución de “colectores de hormigón armado” por otros de “polietileno”, la sustitución de “pozos de fábrica de ladrillo” por “piezas prefabricadas”, la sustitución de “cámaras de hormigón armado in situ” por “cámaras prefabricadas de hormigón armado” o la sustitución de “imbornales de hormigón in situ” por “imbornales prefabricados”.

Con una “inusitada” rapidez, de apenas 24 horas, indica Verdú, los técnicos del Ayuntamiento informaron favorablemente los numerosos e importantes cambios propuestos, ya que, en su opinión, ninguno de ellos suponía modificaciones en los precios unitarios del presupuesto, opinión corroborada por técnico de la urbanizadora.

Sin embargo, al concejal de EU le llamó la atención que “la sustitución de una larga lista materiales tan importantes y en una obra de tanta envergadura, no conllevase un beneficio económico para la empresa”. Por eso, explica “consulté precios de mercado y encontré diferencias de hasta un 160% entre el coste de los materiales inicialmente proyectados y los posteriormente autorizados”.

Verdú está convencido de que la propuesta de sustitución de materiales que formuló el Grupo Generala supuso un considerable ahorro de costes de urbanización. En el Pleno de febrero de 2008 preguntó sobre el asunto y recuerda que el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, reconoció haber realizado una advertencia a los técnicos, “pero lo cierto y verdad es que el asunto no fue investigado”.

Verdú asegura que no es el único caso en el que se ha autorizado al Grupo Generala cambio de materiales en la citada urbanización que, a juicio del concejal, han supuesto importantes ahorros de precios a la urbanizadora.

Los perjudicados serán los propietarios, “salvo que el Ayuntamiento tome cartas en el asunto antes de que finalicen las obras de urbanización y resulte más complicado recuperar los indicios”.