La oposición de Ibi ve indicios de ilegalidad y trasladará al fiscal Anticorrupción el desfase presupuestario de la piscina
Escaparate/Ibi. Después de nueve sesiones, la Comisión de Investigación sobre el desfase presupuestario de la piscina climatizada, ha concluido con graves sospechas de irregularidad e ilegalidad hacia la gestión del equipo de gobierno popular por el gasto de 673.000 euros de más (112 millones de pesetas) sobre el proyecto de adjudicación realizado por el PP.
Un desfase presupuestario que, según PSOE, ADIi y Esquerra Unida, no han podido explicar los técnicos y los responsables de la empresa constructora (Intersa) que han comparecido en la Comisión, incurriendo además en “importantes contradicciones” que, para la oposición, demuestran que las cosas “se han hecho mal y se ha autorizado obra que no estaba presupuestada”, en palabras del portavoz independiente, Nicolás Martínez.
Por esta razón, las conclusiones de la Comisión son trasladar el expediente a la fiscalía Anticorrupción y a la Sindicatura de Cuentas para que dictamine si ve indicios de ilegalidad en esta gestión.
Contradicciones
Según han explicado los tres grupos, a pesar de que el PP argumentó deficiencias en el primer proyecto adjudicado a Electrosur, en los informes técnicos presentados en la Comisión se ha comprobado que se le devolvió a la empresa el aval de 42.000 euros cuando dejó las obras por “el buen estado de las mismas”. También se argumentó un incremento de presupuesto para adaptar el proyecto al nuevo reglamento de baja tensión, cuando explica Nicolás Martínez, la normativa entró en vigor en 2003, “por tanto debería haberse contemplado desde el principio”.
Los técnicos han corroborado en la Comisión que cualquier variación de obra superior al 10% debe aprobarse en Pleno y el desfase de la piscina “se acerca al 30%”, han explicado todos los portavoces.
Nada, por tanto -han añadido- justifica que el equipo de gobierno se haya gastado 673.000 euros para un proyecto que ya se incrementó, (pasando de 1.833.000 euros en la primera adjudicación realizada por el anterior gobierno socialista a los 2.584.000 con las modificaciones del PP) y que ha acabado con un coste total de 3.245.000 euros (540 millones de pesetas).
Los tres grupos no dudan de que el dinero del desfase presupuestario esté en la piscina, “porque entonces ya sería el colmo”.
Tres ruedas de prensa
Cada grupo político convocaba ayer jueves una rueda de prensa para explicar los motivos de esta decisión que se produce a menos de un mes de las elecciones municipales, por eso, indicaba Martínez, “como no tiene sentido pedir responsabilidades políticas tendrá que ser la ciudadanía quien las depure”.
El portavoz socialista, Antonio Martos, opinaba que el Ayuntamiento debe ser muy respetuoso con el gasto público y no “puede gastar a su antojo porque es el dinero de todos y hay una ley (la de Contratos de la Administración Pública) que se tiene que cumplir a rajatabla”.
Por su parte, el portavoz de Esquerra Unida y presidente de la Comisión de Investigación, José García Gea insistía en que “se han hecho las cosas bastante mal, realizando modificaciones sin información previa”. Pedía que se depuren responsabilidades y opinaba que “no queremos pensar si tuviesen mayoría absoluta”.
Gea ha destacado el buen ambiente de la Comisión y el comportamiento correcto.
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