Escaparate/Ibi. La decisión del equipo de gobierno de suspender la concesión de licencias en el entorno de la ermita de Santa Lucía y de iniciar los trámites para una modificación del Plan General que recalifique el cerro y las manzanas colindantes como zona verde, ha sido muy bien acogida por los tres grupos de la oposición que, ya hace un mes, empujaron al PP a frenar el desarrollo urbanístico previsto en la zona, con denuncias de irregularidades.

El portavoz de Esquerra Unida, José Vicente Verdú, constata que, “pese a que han hecho todo lo posible por llevar adelante el proyecto para construir viviendas, han tenido que desistir por las presuntas irregularidades que se han denunciado”.

Verdú asegura que el “PP ha tenido que aceptar que nosotros teníamos razón; es una rendición ante la evidencia”. Lamenta que no haya sido suficiente la denuncia de los ocho concejales de la oposición y que los populares se escuden ahora en el “clamor popular” cuando “ese clamor está representado por toda la oposición”.

El portavoz de EU recuerda que fue él quien pidió que se suspendieran las licencias urbanísticas en la zona y manifiesta que “se está haciendo lo lógico, lo que se acordó por unanimidad en enero de 2007 en la Comisión de Urbanismo”.

En el mismo sentido se ha pronunciado el portavoz socialista, Antonio Martos, al declarar que el PP está haciendo caso “de lo que hemos dicho en esta legislatura y en la anterior, donde el PSOE propuso que se efectuara una modificación del PGOU”.

La concejal socialista, Yolanda Venteo, también se alegra de que el PP “se haya dado cuenta del gravísimo error que pretendían cometer con la construcción de 67 viviendas en el cerro de Santa Lucía”. Pero critica al equipo de gobierno de no tener reparos en “mentir, manipular y remontarse a las leyes franquistas para intentar salvar la situación”. Venteo explica que la protección del cerro viene impuesta por la legislación del año 2003, modificada en 2007.

Añade que cuando gobernaba el PSOE el cerro no fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC), aunque la ermita estaba dentro de los elementos protegidos del Plan General. Recuerda la edil socialista que la misión de los grupos de la oposición es garantizar que las actuaciones del equipo de gobierno se realicen según la ley, con transparencia y claridad. Sobre ello indica que denunciar situaciones que las vulneran “es nuestra obligación y para ello utilizaremos todos los medios democráticos a nuestro alcance”.

El portavoz de ADIi, Nicolás Martínez, también se muestra satisfecho de la decisión que pretende adoptar el equipo de gobierno y que se basa, indica, en el informe del letrado asesor del Ayuntamiento, Fernando Román, y que “coincide, punto por punto, con lo que ADIi ya solicitó en febrero, cuando se discutió el tema”.

Agrega Martínez que es positivo que el PP haya rectificado acogiendo los argumentos de la oposición y de una parte importante de ciudadanos y recuerda que toda la normativa existente, para la protección del cerro y su entorno, “ya existía con anterioridad al otorgamiento de la famosa licencia y era conocida por el PP y los servicios técnicos del Ayuntamiento”.

Indica el edil independiente que resulta “inaudito que se haya atacado brutalmente a la oposición, se nos haya acusado de confundir a la ciudadanía para, al final, acabar asumiendo que todo lo que proponíamos era viable, legal y necesario”.