Felicidad Peñalver opina que existe una carencia de argumentos y motivación para que el PP haya decidido expulsarla del equipo de gobierno. En todo caso, añade, “son motivos subjetivos que no pueden dar pie a una expulsión”. Para Peñalver, la expulsión es una actitud “antidemocrática”.

La edil, ahora en el grupo de los no adscritos, recuerda que ya fue presentada en la candidatura del PP como abogada y al no disponer de dedicación exclusiva en el Ayuntamiento ha compatibilizado siempre su trabajo de concejal con el profesional. Respecto a la polémica en torno a la Promotora Toplabi, explica que se inició el expediente con la empresa en 2004, “antes de entrar yo en la política” y rectifica a la alcaldesa porque “la sentencia dice que no están justificados los motivos de la adjudicación”. En este sentido, la empresa ha hecho público un comunicado en el que manifiesta que es incierto que el tribunal resuelva quitarles la condición de urbanizadores, sino que debe celebrarse otro Pleno para detallar los motivos de la adjudicación.

Por esta razón entiende Peñalver que son “inciertas” las acusaciones y pide al PP “que explique dónde está el trato de favor” ya que la citada promotora lleva cinco años con este expediente y a fecha de hoy no hay adjudicación. Reitera Peñalver que decidió abandonar su cargo de concejal “cuando voy advirtiendo que existen irregularidades y no se hace nada y no quiero ser partícipe de ello”.

Recuerda que se mantuvo en el equipo de gobierno sin percibir remuneración alguna y que no le mueven intereses económicos. Es más, explica que solicitará una modificación en el presupuesto para que el salario que tenía estipulado se consigne al Servicio a Domicilio.

No descarta la vía judicial pero prefiere agotar el proceso administrativo hasta que se valore las consecuencias de sus acusaciones. La edil explica que no renuncia a su acta de concejal porque “todo llegará y lo sabrá todo el pueblo”.

Acciones judiciales de Toplabi

La promotora Toplabi explica en el comunicado que ha sufrido un grave perjuicio, no sólo la empresa, sino cientos de familias que ven peligrar sus puestos de trabajo “como consecuencia de las continuas zancadillas y trabas que se han puesto por parte de los responsables políticos y técnicos” y anuncia que emprenderá acciones judiciales para depurar responsabilidades.

Para la alcaldesa, se trata de “una rabieta” contra la sentencia y con ello demuestran que “tienen intereses en la adjudicación que ha sido anulada por el tribunal”.