Escaparate/Castalla. El Síndic de Greutges supone la última puerta a la que ha tocado la Plataforma Cívica de la Zona 15 para detener la ejecución de parques eólicos en la comarca. Así lo ha confirmado el abogado de la Asociación, José García Marcos, quien estima que el tema “jurídicamente no está parado, aunque tal vez sí socialmente”. Se ha abierto una nueva vía en el proceso con la queja expuesta ante Síndic.

Por una parte, se le requiere medidas sobre los estudios de viento llevados a cabo por la empresa encargada del proyecto, en concreto Guadalaviar. Según el abogado, se da una falta de rigurosidad en las mediciones ‘in situ’ y a largo plazo. Respecto a las primeras, la plataforma se apoya en el informe técnico elaborado por el climatólogo Juan Javier Miró, perteneciente al Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM). En el escrito se constata que el lugar elegido para la medición de vientos por parte de la promotora no es el más apropiado. Ha sido en la Estación Meteorológica de Cocentaina donde han sido tomados, un espacio en el que los vientos dominantes son distintos a los del valle de la Foia de Castalla; de ahí, pues, la imposibilidad de efectuar extrapolaciones entre ambas zonas.

En cuanto a las mediciones ‘in situ’, García ha destacado que, una vez consultados los ayuntamientos, a ninguno de ellos les consta que se haya solicitado licencia alguna para la instalación de torres anemométricas, ni tampoco que tales torres hayan sido efectivamente instaladas en los respectivos términos municipales.

Para el abogado, las mediciones suponen las “verdaderas entrañas del proyecto”, de modo que “lo único que se quiere es una explicación razonada y racionable” sobre los datos aportados por la empresa e, igualmente, que la promotora “explique cómo, dónde y cuándo ha obtenido las mediciones de viento”.

Como respuesta al estudio del climatólogo, la Dirección General de Energía dictó un acto administrativo a finales de abril en el que se dice que “toma nota de la documentación aportada, reservándose las actuaciones que consideren conveniente”. Por ello, la Plataforma ha decidido acudir al Síndic alegando que tal contestación provoca “indefensión”, puesto que “no se pronuncia claramente”, según el abogado.

La Asociación está reclamando desde hace meses “transparencia en la tramitación del proceso administrativo” y, sobre todo, que las instituciones velen por el control racional de los recursos naturales, según García.

Para la Plataforma resulta significativo que el trámite de información pública “saliera a la luz en agosto de 2004”, durante el período vacacional, y que la convocatoria pública sólo apareciera en el DOGV, y no en el BOE ni en el Diario de la Unión Europa, según establece por ley.