Escaparate/Ibi. El contencioso administrativo que la familia Payá interpuso contra el Ayuntamiento y la conselleria de Urbanismo y por el cual ha estado bloqueado el desarrollo del futuro parque Giravella, se ha resuelto a favor de los propietarios de la finca que recuperan el uso privado de 18.137 metros cuadrados que la revisión del PGOU de 2000 calificó de uso público y equipamiento.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha declarado la nulidad de las determinaciones de la revisión del Plan General de 2000 y determina que la unidad urbanística para los terrenos será la aprobada en el Plan del 82.

Esta sentencia se produce después de tres años, aunque la suspensión de licencias en el año 98 dejó esa unidad urbanística totalmente paralizada.

Historia de un pleito

La familia Payá cedió hace años al Ayuntamiento 30.063 metros cuadrados para la construcción de viales y del parque público. Esto supone el 51,47% del total de la finca que tiene una superficie de 58.400 m2. La revisión del Plan General de Ordenación Urbana del año 2000 aumentaba hasta los 48.200 m2 la cesión de suelo de uso público y equipamiento, es decir, 18.137 m2 más, entre los que estaba incluida la actual vivienda. Esto suponía, según explica Rafael Payá, el 82,54% del total y “dejaban como residencial y de uso privado sólo 10.200 m2”.

Pero además, agrega Payá, “estos metros edificables quedaban enclavados dentro del parque y de la zona pública”. La familia afectada por esta modificación decidió entonces interponer un recurso contencioso administrativo que ahora se ha resuelto a favor de los propietarios.

La sentencia también afecta a la parcela situada entre las calles Jaime I el Conquistador y Avd. dels Geladors, donde el anterior equipo de gobierno había proyectado que el Instituto Valenciano de la Vivienda construyera pisos de VPO. Ahora con la vuelta al Plan del 82, en esa parcela se pueden construir dos manzanas de viviendas con un jardín interior. La familia Payá espera ahora desbloquear esa zona para lo cual ha entablado negociaciones con el Ayuntamiento que, en principio, no recurrirá la sentencia.

El Ayuntamiento no recurrirá a cambio de cesión de suelo

El Ayuntamiento, según ha explicado a este periódico el concejal de Urbanismo José Campoy, no recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia a cambio de la cesión de suelo para uso público.

Entre los proyectos que se barajan para ocupar ese suelo se encuentra el segundo centro de salud.

El concejal entiende que la familia tiene buena disposición a efectos de desarrollar la zona lo antes posible y por eso, se podrá llegar a un entendimiento entre ambas partes para desbloquear esa unidad de ejecución.

En cuanto a las críticas del PSOE por no haber firmado todavía el convenio para la construcción de las VPO, José Campoy indicaba que “de haberse desarrollado esa zona ahora, tras la sentencia, el Ayuntamiento tendría que paralizar las obras e incluso indemnizar a los propietarios”.

Por eso, criticaba la actuación del anterior equipo de gobierno que provocó este contencioso que ahora ha dado la razón a los propietarios.