Preocupación entre los trabajadores de Cervantes por el retraso en el pago de la nómina de marzo
Escaparate/Ibi. La situación de la mercantil Cervantes, en suspensión de pagos desde febrero, ha comenzado a repercutir directamente en los trabajadores que no han cobrado la totalidad de las retribuciones salariales correspondientes al mes de marzo.
La gerencia informó hace unos días al Comité de Empresa que tiene problemas de liquidez y no podrá hacer frente a los pagos de la nómina hasta el 27 de abril, según informaron los trabajadores a los responsables sindicales de la UGT en la asamblea que celebraron el miércoles. El Comité comunicó que, según la mercantil, la orden había sido dada por los cuatro administradores judiciales que están elaborando el informe del procedimiento concursal.
La preocupación en la plantilla era patente, a pesar de las expectativas que tiene la empresa de continuar con actividad industrial, según dijo a la asamblea el secretario de acción sindical de la UGT del Pais Valencià y jefe del gabinete jurídico, Ismael Sáez, tras el encuentro que mantuvo con los representantes de la mercantil en marzo.
Estuvieron también el miércoles, el secretario general del Valle del Vinalopó-La Muntanya, Vicente Prieto y el responsable jurídico del sindicato, Honorato Sanfélix, éste último fue el encargado de informar a los trabajadores de los trámites administrativos que se sigue en una suspensión de pagos y de las posibles consecuencias.
Sanfélix quiso tranquilizar a los empleados hasta que conozcan el plan de viabilidad que debe presentar la empresa aunque no descartó que incluya una regulación de empleo con nuevos despidos.
Aún menos optimista se mostraba el responsable sindical de la comarca, José Luis Matarredona, que aseguraba que en Termoplásticos “están trabajando sin parar y tienen una larga cartera de pedidos. Así que no entendemos lo que está pasando, ni tampoco lo que pretende la empresa”.
Talleres Cervantes e Inyectados Termoplásticos Cervantes, presentaron suspensión de pagos el 13 de febrero. Una medida que vino precedida de dos expedientes de extinción de contratos, realizados en octubre de 2006, y que han afectado a 20 trabajadores.
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