Escaparate/Ibi. Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) paralizaban a primera hora de la mañana las obras iniciadas por la empresa constructora Promociones Santa Lucía en el cerro de la ermita.

La denuncia de un vecino alegando la existencia de posibles yacimientos arqueológicos y la ausencia de un plan de protección del entorno, al estar declarado el Castell Vermell un Bien de Interés Cultural (BIC) por Patrimonio, motivaba la presencia del Seprona en la zona.

También a primera hora de la mañana, el concejal de Esquerra Unida, José Vicente Verdú, presentaba un escrito en el Ayuntamiento solicitando la revisión del PGOU al haber caducado el 18 de enero la licencia de tres meses de inicio de las obras.

A media mañana, las máquinas de la empresa constructora reanudaban su trabajo, tras certificar el equipo de gobierno en el Seprona que “no figura ningún yacimiento arqueológico en ese lugar del cerro”, según explicaba el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera. Asimismo, indicaba el edil que “no se altera nada de Patrimonio porque esa parte de abajo es urbanizable, tal y como se establece en el Plan General”.

Agüera acusaba al concejal de EU de orquestar una campaña en contra de este proyecto y de “empeñarse en ir contra la ley y eso costará mucho dinero a los ciudadanos”. Añadía el concejal de Urbanismo que “no podemos, porque un concejal pare una obra, actuar con arbitrariedad. Esto es jugar con el dinero de los demás”.

Recordaba que el Ayuntamiento ha firmado un convenio con la empresa por el que se ha reducido en un 50 por ciento la edificabilidad que estaba prevista inicialmente en esa zona, compensándola con otros terrenos en el municipio. Precisamente, EU ha recurrido este convenio por “las múltiples irregularidades e ilegalidades que contiene”, según explica el concejal José Vicente Verdú.

De todos modos, explica Miguel Ángel Agüera, que propuso la pasada semana al resto de grupos políticos “compensar esa edificabilidad al 100% y nadie me dijo nada”.Agüera considera que puede ser una solución viable “si se llega a un acuerdo con el contratista”.

Sobre esta cuestión, Verdú indica que “nada de esto fue objetivo de la reunión y además no se debe tomar ninguna decisión sin antes confeccionar el estudio de Bien de Interés Cultural colindante y decidir por consenso cómo queremos configurar la urbanización de esa zona”. Según el concejal de EU, la Ley de Patrimonio valenciana obliga al Ayuntamiento a realizar determinados trámites y proyectos que “hasta la fecha no existen”.