Escaparate/Ibi. El Grupo Independiente ha anunciado que impugnará el resultado de la votación en el pleno del lunes donde se rechazó la moción de ADIi que proponía ampliar el plazo legal de presentación de alegaciones al proyecto de urbanización de la zona conocida como El Alamí.

El motivo de esta impugnación es el voto que emitió el concejal de Sanidad, Pascual Pérez, cuando se trata de una persona con intereses en este proyecto al ser propietario de terrenos en El Alamí. De hecho, en las dos ocasiones anteriores en las que se han debatido temas de este proyecto, Pérez ha abandonado el salón de plenos. Los independientes han anunciado también que enviarán el acta del pleno y la cinta grabada de televisión al Síndic de Greuges y no descartan ejercer acciones penales por un presunto delito de prevaricación.

Duro debate político

La moción de ADIi provocó un largo y enfrentado debate político ya que el equipo de gobierno se mostró en desacuerdo al entender que la ley fija 20 días y “no tenemos ningún apoyo legal, jurídico o técnico que nos diga que podemos ampliar ese plazo”, manifestaba el concejal de Urbanismo, José Campoy. Por su parte, el portavoz popular, Miguel Ángel Agüera, habló de graves responsabilidades para el Ayuntamiento si se incumplía la ley y también de agravio comparativo con otras unidades de ejecución. Por último, manifestaba que podría crearse un precedente que provocaría un retraso considerable en el desarrollo urbanístico del municipio.

El concejal de Grupo Mixto, José Valdés, se sumó a estos argumentos, añadiendo que la ampliación del plazo de presentación de alegaciones perjudicaría a una de las partes del proyecto: la empresa, y “los derechos deben ser para todos iguales”.

El portavoz de ADIi, Nicolás Martínez, defendió su moción apelando a la necesidad de ofrecer la máxima información y transparencia en un proyecto que está sujeto a numerosas alegaciones, a un contencioso-administrativo en el Tribunal Superior de Valencia y a un informe del Síndic de Greuges. Martínez explicó que el proyecto de urbanización salió publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 22 de agosto y el plazo para presentar alegaciones expira el 14 de este mes, y “cada vez estamos más preocupados de conforme están realizando las cosas y las maniobras extrañas no son nuestras”.

La socialista Yolanda Venteo defendió la legalidad de la propuesta y manifestó el acuerdo de su Grupo “en defensa de los perjudicados y por haberse conocido en época estival”.

La alcaldesa, Mayte Parra, concluyó el debate con duras críticas hacia ADIi acusándolos de ser el “único grupo que ha cambiado de opinión porque ha cambiado de sillón”, agregando, “no voy a consentir que se quiera sembrar de que todo se está haciendo mal”.

La votación

Tras el largo debate se producía la votación: ocho votos en contra de la moción (PP y Valdés); ocho votos a favor (PSOE y ADIi) y una abstención, la del concejal de Esquerra Unida que solicitó durante el debate que se dejara sobre la mesa la moción hasta disponer de los informes técnicos. En el pleno del lunes se encontraban ausentes cuatro concejales.

Debido al empate, el voto de calidad de la alcaldesa determinaba finalmente el rechazo a la citada moción. Pero entonces estalló un grave enfrentamiento político al considerar la oposición, incluido Valdés, que es ilegal el voto de concejal popular Pascual Pérez, por ser propietario de terrenos del Alamí. El PP pidió un receso y realizó una consulta telefónica al que fuera secretario del Ayuntamiento quien opinó, según explicó después Agüera al pleno, que se trata de un voto institucional y “no es una cuestión que afecte a nadie porque la ley ya establece unos plazos”.

La secretaria, Consuelo Quiralte, citó la ley que establece la ilegalidad de ese voto pero el PP mantuvo el resultado de la votación.