El Ministerio Fiscal y los abogados de la acusación particular han pedido la ampliación de delitos para Ana Sarabia por su gestión al frente del Polideportivo municipal, durante los años 2003 a 2009 cuando ostentó la concejalía de Deportes en el gobierno del PP.
En la comparecencia de ayer en el Juzgado número 2 de Primera Instancia de Ibi, por el procedimiento del Tribunal del Jurado, la fiscal consideró probado, por los hechos investigados, que existe un presunto delito continuado de prevaricación, otro de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y un delito de abuso de poder.
Los abogados de la acusación particular se sumaron a estas peticiones y, además, la letrada Felicidad Peñalver pidió también la imputación de Sarabia por un delito de malversación de fondos públicos al considerar que “percibió personalmente en dos ocasiones cantidades de dinero sin justificar gasto alguno”. Se refiere Peñalver a los 1.000 y los 300 euros que cobró por gastos derivados y por la compara de alimentos durante la actividad del Camino de Santiago.
Además, tanto la fiscal como los abogados de la acusación solicitaron nuevas pruebas documentales y la declaración de nuevos testigos. Entre ellos, solicitaron al juez los testimonios de las personas que asistieron a los viajes a la nieve para conocer su relación con la exedil Sarabia y si pagaron por esas actividades. Entre ellas, se encontraría la alcaldesa, Mayte Parra.
Por su parte, la abogada de Ana Sarabia, solicitó el archivo de las actuaciones contra su defendida al considerar “que no existe responsabilidad criminal porque no hubo manejo de dinero público” y se cite como imputado al gerente del Polideportivo, Antonio López, “por existir evidentes indicios en la participación de los hechos”, ya que según la letrada, María Teresa Doménech, “por su declaraciones durante la investigación ha quedado probado que era él quien manejaba los fondos del Polideportivo, al estar estipulado en la relación de funciones de su puesto de trabajo”.
La defensa aportó ayer un extenso informe donde detalla la relación de gastos e ingresos que realizaba el gerente, así como el pago a monitores.
Una vez delimitado el alcance de las imputaciones, el juez deberá ahora determinar el sobreseimiento o la apertura de juicio contra la exedil del PP, ahora militante del CDL y secretaria de este grupo en el Ayuntamiento.