El portavoz socialista, Antonio Martos, acusa a Mayte Parra de dar todo el crédito a la denuncia del empresario presuntamente extorsionado en el caso del edil Onsurbe, considerándose traicionada por su excompañero, “pero, en cambio, no se la da a la parte de la denuncia en la que aparece ella y Miguel Ángel Agüera”.
En las grabaciones que acompañan la denuncia del empresario, el concejal Onsurbe incrimina a la alcaldesa, al primer teniente de alcalde en “pelotazos” y comisiones ilegales en las obras del Teatro Río y en las contratas que están por adjudicar de los servicios de limpieza y agua.
Asegura Martos que “si gravísimo es todo lo que aparece sobre Onsurbe, igualmente deplorable y de la misma gravedad, es lo que se dice de la alcaldesa y primer teniente de alcalde. La rapidez mostrada en la destitución del concejal no la ha aplicado con Agüera y con ella misma”.
Para el portavoz socialista, la alcaldesa, en su huida hacia adelante, “no duda en cortar las cabezas necesarias para salvar la suya” y se pregunta por qué destituye a Onsurbe por la información aparecida en prensa y mantiene a Agüera, “que está imputado por malversación de fondos”.
El PSOE sigue exigiendo a los dos máximos dirigentes del gobierno de Ibi, explicaciones claras y contundentes, que asuman sus responsabilidades y, después, que dejen su cargo.
Para Antonio Martos, “sólo con el oscurantismo con el que contratan ya sería suficiente como para determinar que no son los gobernantes adecuados para tratar con nuestro dinero público”.
Por ello, asegura que la presunción de inocencia debe existir para todos pero también las responsabilidades políticas.
Onsurbe mantiene el acta de concejal
José Antonio Onsurbe ha explicado a este periódico que mantendrá su acta de concejal, asesorado por su abogado, ante el convencimiento de que, de lo contrario, sería un reconocimiento tácito de culpabilidad.
El edil fue cesado el lunes por la alcaldesa de todos sus cargos en el Ayuntamiento, al conocerse la denuncia de un empresario local que lo acusa de cobrarle comisiones en los trabajos que le encargaba como proveedor del Ayuntamiento.
Un día después, el presidente del Comité de Derechos y Garantías del PPCV, Juan Rodríguez Marín, acordaba suspenderlo cautelarmente de militancia en el partido.
El edil niega todas las acusaciones aparecidas en el periódico El Mundo, hacia compañeros del partido, y anuncia que se reserva las acciones legales oportunas hacia el periódico por lo que considera “publicaciones ilegales”.
En su comunicado del martes, exige, asimismo, respeto hacia su persona “puesto que lo que el medio de comunicación hace es transcribir conversaciones privadas ignorando en todo momento, en qué circunstancias se producen”.