El juzgado de Instrucción número 2 ha decretado el embargo preventivo de un aval y una fianza que la empresa Promociones Toplabi tiene depositados en el Ayuntamiento para cubrir la deuda que le ha reclamado por vía judicial Electricidad Neolux. La cantidad que reclama el proveedor asciende a 58.864 euros, a lo que se añaden 17.640 en concepto de intereses y costas.

En la resolución del procedimiento de fecha 10 de diciembre, el juez ordena al Ayuntamiento que retenga el aval que Toplabi depositó para ejecutar la urbanización de viviendas unifamiliares en la partida Huertas Finca Terraets, y que asciende a 52.207 euros, y la fianza de 12.000 euros para optar a la urbanización del sector R-13 (antigua fábrica Picó).

El Ayuntamiento, explica Miguel Ángel Agüera, requerirá a Toplabi que reponga las cantidades embargadas o “habrá que retirarle todos sus derechos”. El portavoz popular recuerda que Toplabi es la empresa que denunció a dos técnicos y al aparejador municipal por cohecho y tráfico de influencias, asegurando que “esto ha sido desde el principio un castillo de naipes que ahora se está cayendo y se demuestra la realidad”.

Una de las denuncias interpuestas por Toplabi y por la que está imputado el aparejador Ramón Pascual y la abogada del Ayuntamiento Inmaculada Vicedo se refiere a la unidad de ejecución R-13 a la que opta también la empresa Yacasa, propietaria del 60 por ciento del suelo y cuya administradora y abogada es la mujer del aparejador municipal.

Toplabi indica que no se ejecutará el embargo hasta finalizar el juicio

Promociones Toplabi ha explicado a este periódico que no se va a poder ejecutar el embargo hasta que exista una sentencia firme en el procedimiento judicial abierto, a la espera de que se celebre el juicio.

En cualquier caso, indica que dispone de argumentos y pruebas que desestiman parcialmente la denuncia que ha presentado el proveedor “en la que, casualmente, trabaja el cuñado de Miguel Ángel Agüera”. La empresa sugiere al concejal de Urbanismo que se centre en su trabajo y saque adelante todos los procedimientos paralizados en urbanismo (R-7, R-13, R-15 y NP-R3), “ya que si Promociones Toplabi está sufriendo dificultades económicas es por la paralización de todos estos procedimientos”. Según la empresa, la única intención es “hacer todavía más daño con informaciones parciales que no acreditan la realidad completa de los hechos”.

Agrega que, por la paralización de esos procesos, “hemos presentado la responsabilidad patrimonial y denunciado la inactividad de la administración, o persona del Ayuntamiento, que debería haber iniciado la ejecución de sentencia solicitado por esta parte”. Para Toplabi, estos actos demuestran “la talle ética y moral” del responsable de Urbanismo.