Promociones Toplabi ha aportado nuevas pruebas al procedimiento judicial abierto contra el aparejador municipal, Ramón Pascual, y su mujer, Inmaculada Vicedo, por un presunto delito de tráfico de influencias, que contradicen la declaración de ambos ante lel juez.

Esta documentación, que ha llegado a manos de la mercantil de forma anónima, según ha explicado su responsable Mª Carmen García, se refiere a una solicitud de licencia de obra menor presentada por la empresa de Vicedo, Zonacotada, que fue informada favorablemente un día antes por el aparejador.

La licencia se pide para ejecutar obras de tabiquería, pavientos y alicatados, instalación eléctrica, desagües y carpintería en un edificio de la calle Santa Ana, promovido por la mercantil Yacasa, de la que fue socia Inmaculada Vicedo.

La solicitud de licencia de Zonacotada se presentó el 8 de junio de 2007, un día después de la emisión del informe del aparejador, Ramón Pascual, en el que aparece la fecha de 7 de junio de 2007.

Tres días después, el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera, dicta un decreto acordando conceder la licencia de obra menor, siendo el decreto recepcionado por el propio aparejador, “ni tan siquiera se molesta su esposa, dueña de la mercantil que lo solicita, en recepcionarlo”, indica Mª Carmen García.

Para la responsable de Toplabi, esta actuación evidencia que los dos imputados “mintieron en su declaración, ya que Ramón Pascual afirmó que no trabajaba en el departamento de urbanismo, pese a que informa licencias urbanísticas”.

Asimismo, asegura la denunciante, el presunto delito de tráfico de influencias “no es un hecho aislado respecto a la UE R-13, sino que se ha convertido en una práctica conocida por los técnicos implicados y políticos y que se ha mirado hacia otro lado, como evidencia esta documentación”.

Declaraciones

El aparejador municipal, Ramón Pascual y su mujer, la abogada Inmaculada Vicedo se personaron el 20 de marzo, ante la juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibi, para prestar declaración al estar imputados por un presunto delito de tráfico de influencias.

Según consta en las declaraciones, a las que tuvo acceso Escaparate, los dos imputados se negaron a contestar a las preguntas del abogado de la acusación particular, respondiendo únicamente a las que formuló su abogado.

Ramón Pascual alegó desconocer la situación del expediente urbanístico (R-13) sobre el que recae la acusación de la denunciante Promociones Toplabi porque, según dijo, sólo se ocupa en el Ayuntamiento de obras menores y está totalmente desvinculado del departamento urbanístico.