A los más de nueve millones de euros (1.500 millones de pesetas) invertidos en el Teatro Río, hay que añadir ahora otros 40.000 euros para adaptar la infraestructura a la normativa de seguridad que le permita obtener la licencia de apertura.

La responsable de Urbanismo, Amparo Pina, indica que no son deficiencias del proyecto inicial, porque éste no las contemplaba, sino mejoras técnicas que exige la legislación. Por ello, no es posible reclamarlas a la empresa constructora.

El coste de estas nuevas obras asciende a 40.000 euros y las actuaciones más caras serán la instalación de un pararrayos y barandillas de seguridad en el interior, según explica la concejal.

Los trabajos son necesarios para que el Teatro obtenga la licencia de apertura; un año después de su puesta en funcionamiento y tras haber programado numerosos espectáculos, algunos de ellos, de gran envergadura.

El Teatro cerrará durante los dos próximos meses de verano y se aprovechará este periodo para ejecutar las mejoras. La edil explica que se ha redactado un proyecto y un pliego de condiciones para licitar las obras. 

 El Teatro Río es una de las obras más polémicas del gobierno popular por el sobrecoste económico que ha generado su construcción y que ha sido duramente criticado desde los grupos de la oposición, especialmente, desde el PSOE que viene exigiendo desde hace años al PP que reclame las penalizaciones a la constructora por el retraso, ya que la obra debía haber finalizado en 2005 y concluyó a mediados de 2011. 

El último episodio se produjo en el Pleno de junio, donde la alcaldesa se abstuvo de votar a favor el pago de 96.805 euros a la empresa Intersa en concepto de intereses de demora por el retraso en el pago de varias certificaciones de obra del Teatro Río, mientras el PP y el CDL votó a favor.  

Este hecho insólito fue interpretado por la oposición por la la posible vinculación con la causa judicial abierta en el Juzgado sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de obra pública en Ibi y en la que está imputado el exedil de Hacienda, Miguel Ángel Agüera, por malversación, prevaricación, cohecho, blanqueo de capitales y negociaciones prohibidas a los funcionarios.