El acuerdo de la comisión de Urbanismo del 28 de septiembre ha quedado en papel mojado. Aunque las decisiones no son vinculantes, todos los grupos políticos acordaron suspender la instalación de una torre eléctrica de alta tensión en el Alamí y exigir a la empresa Generala el cumplimiento del proyecto, que contempla el soterramiento de la línea.

Sin embargo, Urbanismo daba el jueves 13 de octubre luz verde a la urbanizadora para colocar el poste en la vía pública, en la calle Camino Viejo de Onil, cuyas obras comenzaban a primera hora de la mañana.

Según la edil Amparo Pina, es una medida provisional y legal que se adopta por “cuestiones burocráticas” ya que “las pruebas de carga realizadas por Iberdrola caducan en diciembre y realizar otras retrasaría de cuatro a cinco meses tener luz en la zona”.
Además, alega, que la licencia provisional se otorga en base al acuerdo de Junta de Gobierno del 30 de mayo.

Desalojo a la fuerza
El vecino afectado, José Gimeno, cuya torre se instala frente a su casa, intentó de nuevo parar las obras, tras haberlo conseguido en dos ocasiones, pero fue desalojado a la fuerza por agentes de la Policía y Guardia Civil, al negarse a abandonar la acera para que entrara la máquina. Tanto Gimeno como su mujer fueron esposados y trasladados al Cuartel.
Según los vecinos, esta medida se adopta para evitar que Generala indemnice a los propietarios por el incumplimiento de los plazos del proyecto.

Comisión de urgencia
A mediodía, la concejal convocaba una reunión de urgencia de la comisión de Urbanismo para informar de la situación, donde el PSOE ha expresado su “desacuerdo total” con la medida y exige que Generala cumpla el proyecto “que sigue sin ejecutarse después de casi cuatro años”, indica la socialista Yolanda Venteo.

Gimeno ha presentado varias denuncias en el juzgado porque alega que la instalación incumple 24 normas urbanísticas y se infringe el PGOU de Ibi ya que “sólo se admiten líneas aéreas de media y baja tensión en suelo no urbanizable”.

Además, recientemente presentó otra contra la alcaldesa por infracción administrativa de accesibilidad en espacios públicos y peatonales. “La ley de accesibilidad prohíbe colocar elementos verticales en la acera que impidan el paso”, explica.