Los portavoces de la oposición, excepto el del CDL, Juan Valls, volvieron a exigir este martes la dimisión inmediata de la alcaldesa de Ibi, Mayte Parra, y el concejal de Hacienda, Miguel Ángel Agüera, como lo hicieron el día anterior en el Pleno, ante lo que consideran unas “gravísimas” acusaciones como presuntos titulares de cuentas  bancarias millonarias en Suiza.

Susana Hidalgo (PSOE), Nicolás Martínez (ADIi) y Santiago García (EU) los consideran responsables políticos y les exigieron que abandonen sus cargos para que la gestión municipal pueda continuar y ellos puedan defenderse.

“Ibi no se merece a estos políticos -indicaba Martínez- que están más preocupados por el código penal”.

Sin embargo, Juan Valls (CDL) mantuvo su discurso de prudencia y moderación afirmando que no pedirá dimisiones hasta que la Justicia dicte sentencia.

La postura del CDL hace inviable que pueda prosperar una moción de censura, ya que el resto de grupos no cuenta con los votos suficientes. Nicolás Martínez fue el más claro sobre esta cuestión al afirmar que “si Parra y Agüera siguen en sus cargos, ADIi pone sus votos para que pueda realizarse”. Martínez opinaba que "la calle exige una moción de censura” y recordaba que el resultado electoral ya dejó claro que se pedía un cambio.

Los tres grupos apelaron también al Grupo Municipal Popular para que tome la decisión de destituirlos e incluso al presidente Alberto Fabra “para que aplique el código ético del PP”.

Susana Hidalgo recordó las denuncias del PSOE desde 2005 por sobrecostes en las obras de Intersa, las contrataciones a dedo, la presunta ‘caja b’ del Polideportivo, las imputaciones de Ana Sarabia y José Antonio Onsurbe y denunció un endeudamiento del Ayuntamiento de más de 20 millones de euros afirmando que “no podemos seguir en esta situación; el pueblo necesita a unos gobernantes que estén al margen de estas situaciones y acusaciones”.

Por su parte, el portavoz de EU exigió a la alcaldesa la destitución de Agüera, al igual que hizo con Onsurbe, ya que se ha conocido que el edil de Hacienda está implicado en una causa por presunta trama corrupta de contratos y adjudicaciones urbanísticas de obra pública que se investiga en el Juzgado de Ibi.

Todos los grupos de la oposición, esta vez sí con el apoyo del CDL, exigieron transparencia al equipo de gobierno advirtiendo que no aprobarán los presupuestos hasta que haya cumplido con los acuerdos plenarios de realizar una auditoría y entregar los extractos de las tarjetas visa.