Los cinco militantes del PP que, en nombre de la Asamblea Local de Castalla, se querellaron en agosto contra el alcalde, José Luis Prats, por los presuntos delitos de cohecho y apropiación indebida, han decidido retirarse del caso como acusación particular. 

La razón, según explicó a Escaparate uno de los denunciantes, es que, una vez la querella ha sido admitida, si bien sólo en lo tocante a la presunta apropiación indebida, “ahora es el momento de dejar que la Justicia siga su curso, con el fiscal como acusación pública”. 

Las mismas fuentes añadieron que el juez ha admitido la querella “porque ha visto indicios razonables de un presunto delito”, de modo que ahora debe ser la Justicia y la Fiscalía quienes se encarguen de echar luz sobre este asunto.

En este sentido, el alcalde fue a declarar el jueves 4 de febrero al Palacio de Justicia de Ibi, y, tal como anunció la semana pasada, lo hizo “muy tranquilo” porque esta denuncia “no está basada en datos reales y ellos [los querellantes] lo saben”.

“Es totalmente falso que yo me haya quedado el dinero de 250 afiliaciones al PP”, adujo el primer edil, que insistió en que “ese dinero fue ingresado en una cuenta a la espera de la convocatoria de la Asamblea Ordinaria, y en esa cuenta sigue”.

Miedo a “represalias”
Prats explicó que la querella “fue retirada” el 8 de enero de este año y que la acusación particular ha reculado para evitar posibles represalias desde la cúpula del partido.
“Es muy fácil tirar la piedra y esconder la mano”, sentenció el primer edil.