En los tiempos que corren, tener un trabajo es casi una lotería, pero para los 17 empleados de una empresa de Ibi ha sido casi un infierno. Trabajaban de manera ilegal, sin ningún tipo de contrato laboral y con condiciones, en algunos casos, casi inhumanas. La Guardia Civil de Ibi ha detenido a dos empresarios acusados de un presunto delito contra los Derechos de los Trabajadores. Se trata de dos hombres, de nacionalidad rumana, que trabajaban como empresa auxiliar para una importante juguetera ibense.

La inspección a la empresa, realizada hace unos días, se llevó a cabo tras recibir la Guardia Civil una denuncia de un particular. Después de exhaustivas pesquisas policiales donde controlaron el acceso a las instalaciones, la Benemérita decidió intervenir, junto con inspectores de Trabajo. Tras acceder a la fábrica (ubicada en el Polígono) fue cuando, agentes e inspectores, comprobaron la situación ilegal de los empleados. 

Según fuentes de la investigación, a los detenidos se les acusa de otros dos delitos (en total tres), uno de agresión sexual y otro de abuso sexual. Presuntamente, y según ha denunciado una de las trabajadoras, fue víctima de abusos y agresiones sexuales por parte de sus compatriotas, ya que la mayoría de empleados ilegales son también de nacionalidad rumana.

En libertad y sin cargos

Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibi. Los acusados prestaron declaración y el juez los ha dejado en libertad con la obligación de acudir dos veces al mes al juzgado. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ-CV) señalan que se están investigando los hechos, ya que “no se dispone, de momento, de pruebas fehacientes (referente a los delitos de abuso y agresión sexual)”. Según han confirmado fuentes de la investigación a Escaparate “la situación de irregularidad venía cometiéndose desde hacía ya algún tiempo”. De este modo, Inspección de Trabajo no descarta nuevas supervisiones de irregularidad a otras empresas ibenses

Los empresarios se enfrentan ahora a una multa cuantiosa (impuesta por el Ministerio de Trabajo) por tener a personas trabajando de forma ilegal.