Las nuevas afiliaciones al Partido Popular realizadas por el alcalde José Luis Prats han destapado la grave división interna en el seno del PP local hasta el punto que la actual dirección del partido ha presentado en el juzgado de Ibi una querella contra el primer edil, al que acusan de cambiar afiliaciones por licencias de obras.

La dirección local, en manos del ex alcalde Juan Rico, ha denunciado a Prats por un presunto delito de cohecho y otro de apropiación indebida, ya que afirma que no se han aportado los 2.000 euros de las cuotas de ingreso de los nuevos afiliados. El primer edil ha logrado, hasta el momento, más de 250 afiliados, principalmente entre los vecinos de la urbanización Els Campellos, en Castalla Internacional.

Los denunciantes aseguran que el alcalde persigue con estas incorporaciones lograr apoyos a su candidatura para acceder a la presidencia local del partido. La asamblea de renovación de cargos debe ser convocada por la dirección provincial del PP y, aunque Prats confía en que se celebre en septiembre, de momento, el presidente José Joaquín Ripoll no ha puesto fecha a este congreso local del PP.

Prats niega las acusaciones

El alcalde niega todas las acusaciones y asegura que se trata de “una maniobra intimidatoria” de aquellos a los que no les interesa que crezca el partido en el municipio “para poder controlarlo”. Prats afirma que se han otorgado licencias a vecinos de Castalla Internacional para regularizar el “desmadre urbanístico” de su antecesor, Juan Rico, y todas ellas están avaladas por los informes técnicos y jurídicos pertinentes.

En cuanto a las cuotas, explica que el trámite de afiliación todavía no ha finalizado, “hasta que las personas no sean miembros del PP no pueden pagar, así que no nos hemos apropiado de nada” Prats reconoce en un comunicado que aspira a un cambio en la presidencia del partido “para abrirlo a la ciudadanía y dotarlo de la transparencia que actualmente adolece” pero rechaza con rotundidad que las captaciones se hayan producido a cambio de prebendas.

En cambio, asegura que un sector del Partido Popular se ha puesto nervioso “porque ve peligrar su hegemonía y el control del partido” y está utilizando métodos como la difamación “con el único fin de desprestigiar a mi persona y conseguir un veredicto mediático sobre mi gestión”. Respecto a la querella, el alcalde explica que ahora debe ser el juzgado quien la admita o no a trámite.

Prats manifiesta que mantendrá su aspiración de optar a la presidencia y abrir el partido a todas las tendencias democráticas, “a pesar de las zancadillas, artimañas y golpes bajos con los que este sector que controla el partido quiere impedirlo”.

Respecto a la renuncia de sus delegaciones del edil Tomás Rico, el alcalde indica que es una forma de proceder “totalmente arbitraria y obedece a intereses personales. Sus declaraciones se desautorizan a si mismas con sus juicios de valor que en nada se parecen a la realidad”.