El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ibi ha dictado auto de “sobreseimiento libre” en el procedimiento de diligencias previas abierto contra el primer edil, José Luis Prats, a raíz de la querella interpuesta contra él por parte de cinco miembros del Partido Popular de Castalla, entre ellos el ex alcalde y actual presidente de la Asamblea Local del PP, Juan Rico Rico. 

La resolución del juez, fechada el 9 de abril, indica que “los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 637-2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que decreta el archivo de estas actuaciones. Así resulta, como informa el Ministerio Fiscal, tanto de la declaración del propio imputado [José Luis Prats] como de las declaraciones testificales practicadas [Juan Antonio Candela y Tomás Rico], que revelan la ausencia de indicios de delito en la actuación objeto de la querella”.

Acusación particular
Cabe recordar que los denunciantes, que en su querella acusaban al alcalde de los presuntos delitos de cohecho y apropiación indebida, se retiraron como acusación particular el pasado mes de febrero, lo que supone, según la resolución del juez, “la ausencia de toda acusación” en esta causa.

Tras conocer el archivo definitivo de la querella, el alcalde afirmó que esta resolución “demuestra que los delitos que presuntamente se me imputaban no tienen ninguna base jurídica para abrir juicio oral, y por ello las acusaciones vertidas ni siquiera han superado la fase de diligencias previas. Todo ello indica la mala fe con la que han actuado los querellantes, que, atendiendo a intereses particulares, han dejado de lado los intereses del Partido Popular y, lo que es más grave, han atentado contra el honor y la dignidad de un alcalde de su propio partido”.

Antecedentes
El 17 de agosto de 2009,  Juan Rico Rico, Juan Antonio Rico Mira, Francisca Guill Serrano, Juan José Durá Rico y Francisco Javier Vidal Jordá, presentaron, ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Ibi, una querella criminal contra Prats por un presunto delito de cohecho y apropiación indebida, interviniendo en nombre y representación de la Asamblea Local del Partido Popular de Castalla.

Presunto cohecho
Al alcalde se le acusaba de que, “a cambio de cientos de filiaciones al Partido Popular, (...) y con el fin de obtener su posterior voto de la candidatura a la presidencia a la Asamblea Local, ha comenzado a otorgar licencias de obras, que durante tiempo no se dieron o estuvieron paralizadas y, así, coincidiendo con estas filiaciones, todas las semanas se otorgan extrañamente varias licencias de obras” a vecinos de Castalla Internacional. 

Fuentes municipales afirman que el juez “pudo comprobar que todas y cada una de estas licencias están otorgadas por los cinco componentes de la Junta de Gobierno Local (no únicamente por el alcalde), con los correspondientes informes técnicos y jurídicos favorables”.

Presunta apropiación
También se acusaba al alcalde de la apropiación de los 2.000 euros de las fichas de afiliación, pero en la declaración del alcalde ante el juez se presentó un justificante bancario que el Grupo Popular tiene en el Ayuntamiento ,“donde se pudo comprobar que este dinero está depositado en el banco”. 

Así, el juez ha dictaminado el archivo de la querella por entender que los hechos investigados no son constitutivos de infracción penal.

Represalias del PP
El revuelo que causó en agosto el hecho de que la querella contra Prats, del Partido Popular, fuera interpuesta por cinco miembros de la misma formación política, “en representación de la Asamblea Local de Castalla”, dio pie a que desde la cúpula del PP autonómico se contemplara la posibilidad de tomar represalias contra los denunciantes en caso de que el juez no viera indicios de delito, tal y como ha ocurrido.

Las medidas podrían llegar incluso a la expulsión del partido, aunque es muy probable que el delegado del Consell José Císcar arroje luz sobre este asunto aprovechando su visita a Castalla, el miércoles 28 de abril, para presentar el Plan Confianza.