Hasta no hace tanto, si te descuidabas en abonar el recibo de la luz te pegaban el tijeretazo y te quedabas a merced del cabo de vela encasquetado en la botella; en los impuestos y en las compañías eléctricas, tienen mal acople los morosos. La diferencia entre unas y otros, estriba en que en cuestión de impuestos no te cortan nada, sino que te aumentan un 20% la deuda y si no la satisfaces te pueden embargar hasta los calzoncillos. Todo evoluciona y las compañías de suministro eléctrico también, en lo que se refiere a su propio beneficio y en detrimento de los intereses del usuario que, en definitiva, es quien termina pagando las consecuencias de los atropellos cometidos por quienes tienen poder para cometerlos, y consentidos por quienes tienen la obligación de impedirlos.
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nspirados en, ellos sabrán qué criterios, los de IBERDROLA cambiaron a mensual el recibo que se venía pagando cada dos meses, con lo que el gasto de papeleo y lectura de contadores se elevó al doble, algo incomprensible para la gente de la calle, que ni entendemos la nueva norma por lo costosa, ni la enrevesada descripción del recibo que nos presentan. El resultado de tal desmadre-trampa, es que los usuarios andamos más perdidos que cabra en botica y lo único que tenemos claro es que sacando la media desde enero para acá, el coste de la corriente eléctrica se nos ha salido “de lo corriente”, llegando a la conclusión de que los apaños de las compañías les sientan a nuestros bolsillos como una patada en el hígado.

Si solo en Ibi han acudido más de medio centenar de afectados a que les aclaren el asunto, es fácil suponer lo que habrá habido que deslindar en toda nuestra comunidad y el gasto que ello habrá supuesto. Si fuera cierto aquello de que La Justicia es igual para todos, los cuantiosos costes causados por el desaguisado tendrían que correr a cargo de quienes lo han originado y, semejante conclusión nos llevaría al comienzo de este escrito: las Administraciones Públicas y estas compañías tan poderosas sí tienen potestad y fuerza para cobrar sus facturas, en tanto que industrias, comercios y todo un conglomerado de actividades que generan trabajo y suponen el sostén de la economía carecen de fuerza o amparo jurídico para cobrar los servicios que prestan y el trabajo que realizan, una lacra que está siendo causa de muchos cierres y despidos. ¿Justicia igual para todos?