El equipo de gobierno ha dado marcha atrás y ha suprimido la declaración de zona verde en Santa Lucía para evitar pagar la indemnización millonaria solicitada por la promotora.

En el Pleno del 9 de diciembre, ante numerosos vecinos afectados, el PP aprobó en solitario el recurso de reposición presentado por Promociones Santa Lucía S.L, devolviendo la calificación de urbanizable a 2.606 metros cuadrados de suelo situada en las faldas del cerro de la ermita de Santa Lucía y convalidando las licencias de construcción otorgadas en 2007.

El Ayuntamiento paralizó en febrero de 2008 la construcción de un edificio con 72 viviendas, ante las protestas vecinales y la presión política.

Según el portavoz popular, Miguel Ángel Agüera, con esta decisión se resuelve el conflicto con la propietaria del suelo y “se evita el grandísimo coste de la indemnización que, con toda probabilidad, conseguiría en los tribunales”.

Agüera recordó que la licencia es legal porque se ajusta al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del año 2000 y afirmó que tal extremo ha sido ratificado por el Consejo Jurídico Consultivo y por un informe del arquitecto de la conselleria de Cultura.

Los grupos de la oposición responsabilizaron al PP de no haber iniciado los trámites para la redacción el Plan de Protección de la zona, en la que están situadas las ruinas del Castell Vermell y la ermita, declaradas en 2003 Bien de Interés Cultural (BIC), que hubiese frenado las pretensiones de edificar.

Es más, Antonio Martos, portavoz del PSOE, recordó que en diciembre de 2003 el pleno acordó por unanimidad iniciar el citado plan de protección y en 2006 una comisión de Urbanismo acordó suspender temporalmente la otorgación de licencias en la zona. Martos explicó que, ese año, la empresa compró los terrenos y diez días antes de las elecciones de 2007 se otorgó la licencia urbanística. Martos acusó al PP de haber tomado “decisiones unilaterales en contra de todos los acuerdos municipales”, por lo que “la indemnización tendría que pagarla usted (en referencia a Agüera)”.

La oposición también culpó al PP de haber tomado la decisión errónea de convertir el suelo en zona verde, en vez de aplicar medidas de protección. El portavoz de EU, José Vicente Verdú, opinó que es posible usar recursos legales para proteger el patrimonio. Además, Verdú propuso la adquisición del suelo por parte del Ayuntamiento o su expropiación, “porque lo permite la ley”.

Para Nicolás Martínez, de ADIi, el expediente urbanístico “está lleno de mentiras” ya que consta que el suelo se compró por casi seis millones de euros.

Miguel Ángel Agüera aseguró que ningún plan de protección evita las indemnizaciones y defendió los derechos de los propietarios del suelo, adquiridos en el PGOU. Admitió errores “porque la oposición nos hizo dudar, les hicimos caso y nos equivocamos”.

La alcaldesa manifestó que sólo es posible parar la edificación modificando el PGOU “y eso se paga”. Mayte Parra afirmó que no pondría en juego, con el voto del PP, una indemnización millonaria y aseguró que con esta decisión “voy a frenar el contencioso”.