Tras los últimos actos vandálicos producidos en el Mig Any, como las pintadas sobre el Chorro o el lamentable estado en que quedó el Parque Municipal tras un botellón en el que participaron más de 500 personas, la alcaldesa, Elisa Ribera, explicó que este tipo de actuaciones “obligan a destinar todos los años cientos de miles de euros” en labores de limpieza, reparación y sustitución.

Estas gamberradas contra macetas, bancos, papeleras, zonas de juegos infantiles, aspersores y goteos, contenedores, arquetas, fuentes ornamentales, aseos públicos, luminarias, jardineras, muros y vallas “se incrementan en las zonas cercanas a los lugares donde se realizan botellones”, indicó Ribera, que añadió que el hecho de limpiar estas zonas “supone un enorme gasto laboral, además del daño en la imagen de nuestro pueblo”.

Sin embargo, lo que más destaca es “el peligro” que estas acciones implican: bancos astillados, vidrios rotos, señales también rotas que confunden al tráfico... “Todo esto puede generar accidentes que, en menor o mayor medida, estamos sufriendo todos los ciudadanos”, según la primera edil, que realizó un llamamiento a la ciudadanía “para que todos colaboremos en que nuestras plazas, fachadas, calles y pueblo en general sean lugares limpios, seguros y agradables”.

Ribera sentenció que, “con civismo, buenas maneras, educación ciudadana y respeto al patrimonio local” se evitará que los actos vandálicos acaben costando “un ojo de la cara” a los vecinos.

EDITORIAL
Quien no rompe, paga

Destacan en nuestras páginas de Onil y Castalla sendas noticias dedicadas al vandalismo callejero, ése que se ceba con el mobiliario urbano y con el patrimonio de nuestras ciudades y que cuesta un ojo de la cara a los contribuyentes, que son todos los vecinos. Y no lo decimos nosotros sino los propios alcaldes de los municipios afectados por esta ola de gamberrismo: limpiar las pintadas y arreglar o sustituir las papeleras, farolas, bancos, macetas y demás elementos comunes (porque son de todos, aunque los rompan sólo unos cuantos), cuesta cada año cientos de miles de euros que dejan de destinarse a otra cosa para poder utilizarse en ésta.

Cuando, en una noche de fiesta mal entendida, uno o más desaprensivos, en más de una ocasión auténticos hijos de papá, rompen las letras del monumento a los Moros y Cristianos de Castalla o la fuente de la Ermita de la Sang o el cristal del Hogar del Pensionista o los pasos del Vía Crucis o pintarrajean el Chorro de Onil o hacen un botellón y lo dejan todo hecho unos zorros y lleno de cristales para que se corten los niños, deberían saber que sus acciones no van contra el alcalde, ni contra Camps, ni contra Zapatero (y mucho menos contra Rajoy); esos destrozos, esas pintadas y esa actitud chulesca van contra todos sus vecinos, comenzando por la propia familia de los vándalos, que tendrá que rascarse el bolsillo para poder pagar unas gracietas supuestamente trasgresoras e incluso reivindicativas de no se sabe qué.

Por ello, la postura de tolerancia cero en estos casos está más que clara, y así se pide desde los ayuntamientos. Primero, porque este tipo de acciones atenta contra nuestro entorno, nuestra Historia y nuestro pueblo. Y segundo, porque nos cuesta dinero. Así que la próxima vez que vea algo raro, llame a la Policía Local. Por su bien y por el bien de todos.