La Fiscalía ha visto indicios de un presunto delito de malversación en la actuación del primer teniente de alcalde, Miguel Ángel Agüera, al autorizar el pago de varias facturas por unas obras realizadas en el restaurante Serafines, que debía abonar la empresa que dirige el local. La documentación, entregada a la Fiscalía por el concejal de Esquerra Unida, José Vicente Verdú, se ha enviado al juzgado de Ibi para que abra una investigación.

Sin embargo, Agüera acusa al edil de EU de ocultar información a la fiscalía sobre estos hechos que se remontan a 2007, cuando el actual propietario del Restaurante Serafines S.L. asume el servicio de restauración de la Masía Serafines, de propiedad municipal.

El contrato administrativo establece la concesión por un periodo de 15 años y la empresa debe asumir el pago de 930 euros mensuales (IVA incluido) por la utilización del edificio y 30.000 euros de valoración estimada en reformas del mismo para adaptar la edificación y sus instalaciones a la normativa.

Tras la firma del contrato, según explica Agüera, “hubo un acuerdo entre la entonces concejal de Servicios Públicos, Ana Sarabia y Serafines para que las obras de mejora pudiesen ser realizadas por la brigada de obras del Ayuntamiento y el dueño del restaurante realizase el ingreso de los 30.000 euros directamente al Ayuntamiento”.

En junio de 2009 se realizó una modificación presupuestaria “que permitiera el ingreso y un mes después la empresa, tal y como se había acordado, abonó los 30.000 euros a las arcas municipales”. Las obras de mejora, efectuadas por la brigada de obras, tuvieron un gasto de 16.147 euros en materiales. Agüera declara que “yo mismo firmé el decreto que autorizaba el gasto (con cargo a la partida presupuestaria previamente modificada) para cubrir las facturas de los materiales que el Ayuntamiento debía pagar según lo acordado, y a partir de ese momento se liquidaron las 6 facturas a un proveedor de Ibi”.

Según Agüera “resulta más que evidente que el señor Verdú ha ocultado de manera premeditada esta información esencial tanto a la fiscalía como a la ciudadanía y, como todos sabemos, decir una verdad a medias es la peor de las mentiras”. Agrega que el Ayuntamiento “tenía una obligación de pago con unas empresas y lo que hizo fue solventarlo tras el ingreso de los 30.000€euros por parte de Serafines”.

Recurso de reposición

En octubre de 2009 el concejal de EU ya interpuso un Recurso de Reposición y solicitó una comisión de investigación al considerar que el decreto aprobado por Agüera era contrario a derecho y “gravemente lesivo para los intereses del Ayuntamiento”.

José Vicente Verdú actuó al ser desestimado, en el Pleno de septiembre de 2009, un informe de reparo de legalidad emitido por el interventor municipal, relativo a la improcedencia de atender las facturas de gastos realizados en la masía Serafines. En esa sesión plenaria, el portavoz de EU preguntó sobre la cuestión ya que el interventor opinaba en el informe que se había comprometido un gasto con cargo a las arcas municipales “prescindiendo absolutamente del procedimiento legalmente establecido”.

Informe fiscal

En su informe, el fiscal considera que existen “indicios de comisión de un delito de malversación del artículo 433 que podría haberse cometido por el teniente de alcalde que autorizó el gasto por decreto”.