El Juzgado de Ibi abre diligencias e imputa a tres técnicos y una abogada del Ayuntamiento de Ibi por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias
Sábado 28/03/2009
La juez del Juzgado de Instrucción de Primera Instancia de Ibi ha abierto diligencias previas contra dos técnicos municipales por un presunto de delito de cohecho y contra el aparejador municipal y una abogada, esposa de éste último, por un presunto delito de tráfico de influencias.
La juez procede así a investigar la denuncia que le ha llegado del fiscal Anticorrupción y que presentó a este órgano en enero la empresa Promociones Toplabi por irregularidades urbanísticas en tres unidades de ejecución, la UER-6 (barrio Mirasol), la UER-13 (barrio San Pascual, antigua fábrica Picó) y NPR-3 (La Pileta).
Sobre este último sector, el fiscal no considera que exista indicio de delito, aunque la promotora denunciante asegura que esto no impide, “por las pruebas que poseo”, que vaya a seguir adelante con la acusación respecto a esta actuación urbanística, “máxime cuando resultan imputados dos técnicos municipales que han informado en esta actuación urbanística de forma contradictoria”.
En el caso de la UER-6, se denuncia el pago de varias sumas de dinero a dos técnicos municipales del área de urbanismo, José Luis Vilaplana Abad y Antonio José Jiménez Gea, para que recepcionaran las obras. En la citada denuncia, el fiscal considera que la empresa se “sintió presionada” para pagar ya que ambos funcionarios estaban tramitando también los expedientes de los otros dos sectores.
Respecto a la unidad UER-13, se explica que concurrieron dos empresas, Toplabi SL y Yacasa SL, siendo la abogada de ésta última, la esposa del aparejador municipal, Inmaculada Vicedo. Toplabi denuncia que recibió una llamada del aparejador, Ramón Pascual, solicitándole que “desistiera de presentar alternativa” para que se adjudicara la urbanización a Yacasa.
También se explica en la denuncia del fiscal que parte de los terrenos de este sector eran propiedad de la mercantil Zonacotada MRC SL, cuya administradora y socia es la abogada, que realiza además trabajos para el Ayuntamiento. De confirmarse estos hechos, expresa la Fiscalía, podría haberse cometido, al menos, un delito de tráfico de influencias.
Los imputados están citados a declarar los días 14 y 18 de mayo en el Juzgado de Ibi.
La juez procede así a investigar la denuncia que le ha llegado del fiscal Anticorrupción y que presentó a este órgano en enero la empresa Promociones Toplabi por irregularidades urbanísticas en tres unidades de ejecución, la UER-6 (barrio Mirasol), la UER-13 (barrio San Pascual, antigua fábrica Picó) y NPR-3 (La Pileta).
Sobre este último sector, el fiscal no considera que exista indicio de delito, aunque la promotora denunciante asegura que esto no impide, “por las pruebas que poseo”, que vaya a seguir adelante con la acusación respecto a esta actuación urbanística, “máxime cuando resultan imputados dos técnicos municipales que han informado en esta actuación urbanística de forma contradictoria”.
En el caso de la UER-6, se denuncia el pago de varias sumas de dinero a dos técnicos municipales del área de urbanismo, José Luis Vilaplana Abad y Antonio José Jiménez Gea, para que recepcionaran las obras. En la citada denuncia, el fiscal considera que la empresa se “sintió presionada” para pagar ya que ambos funcionarios estaban tramitando también los expedientes de los otros dos sectores.
Respecto a la unidad UER-13, se explica que concurrieron dos empresas, Toplabi SL y Yacasa SL, siendo la abogada de ésta última, la esposa del aparejador municipal, Inmaculada Vicedo. Toplabi denuncia que recibió una llamada del aparejador, Ramón Pascual, solicitándole que “desistiera de presentar alternativa” para que se adjudicara la urbanización a Yacasa.
También se explica en la denuncia del fiscal que parte de los terrenos de este sector eran propiedad de la mercantil Zonacotada MRC SL, cuya administradora y socia es la abogada, que realiza además trabajos para el Ayuntamiento. De confirmarse estos hechos, expresa la Fiscalía, podría haberse cometido, al menos, un delito de tráfico de influencias.
Los imputados están citados a declarar los días 14 y 18 de mayo en el Juzgado de Ibi.
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