Los propietarios de la Finca Terol reclaman al Ayuntamiento de Tibi la devolución de 1,6 millones de euros que han invertido para costear la redacción del proyecto de urbanización del sector cuatro.
Mediante un escrito, los vecinos reclaman también los intereses y todos los gastos adicionales que ha comunidad ha sufragado en cumplimiento del convenio urbanístico que se aprobó el 9 de agosto de 2009 con el Ayuntamiento.

La comunidad de propietarios alega que la nueva corporación municipal, en manos del PP y AIDU, “ha suspendido” la tramitación del programa.

Sin embargo, la edil de AIDU, Sofía Vilchez, responsable de las urbanizaciones, asegura que el proyecto no está paralizado. “Por nuestra parte hay una clara voluntad de continuar con el desarrollo de Terol pero existen unas exigencias del equipo redactor que estamos estudiando”.

Según explica la concejal, el abogado Emilio Jordá, el ingeniero Enrique Sanchis y el arquitecto Ángel Candela, reclaman el pago de casi 26.000 euros, pendientes por otros trabajos realizados al Ayuntamiento y, además, que no se amortice la plaza municipal del abogado, que pidió una excedencia para dedicarse al proyecto de Terol.

Vilchez indica que el actual equipo de gobierno está estudiando la viabilidad de estas demandas, fundamentalmente la económica debido a los problemas de liquidez del Ayuntamiento, aunque añade que el equipo redactor aceptaría los pagos aplazados.
La concejal reitera que “no queremos que se paralice la urbanización de Terol” y confía en que los redactores se reúnan en breve con el Ayuntamiento para desbloquear la situación, lo que permitiría resolver, de una vez, las alegaciones y remitir el proyecto a la Conselleria para su aprobación definitiva.

El sector cuatro de la Finca Terol, que cuenta con 1.100 parcelas, de las que 800 están construidas, sigue pendiente de urbanizar desde hace 35 años. Esta zona es la más extensa y habitada pero carece de servicios básicos como el asfaltado, alumbrado y hasta alcantarillado, en algunos casos. En 2009, vecinos y Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, firmaron un convenio para urbanizar la zona por gestión directa y los propietarios ya han aportado 1,6 millones.