17.608.528 euros (diecisiete millones seiscientos ocho mil quinientos veintiocho). Esta es la cuantía que la empresa Iberdrola ha cuantificado en su demanda contra un medio de comunicación (El Confidencial) por “vulnerar el honor de la compañía” y el perjuicio de su marca. Todo por la publicación de informaciones sobre un turbio asunto de espionaje con Villarejo de por medio, el excomisario más popular de España. Este personaje fue contratado, supuestamente, por altos directivos de la compañía para espiar entre otros, al todo poderoso Florentino Pérez. La demanda interpuesta por la eléctrica española está avalada por el catedrático de Reputación Corporativa, Justo Villafañe, tras realizar un informe al respecto por los supuestos daños ocasionados a Iberdrola tras la publicación de varias noticias desde este medio digital. En su bravuconería, la compañía cuestiona la legitimidad del propio juez que lleva el asunto de espionaje, por considerar que se están violando sus derechos.

Toda una artillería de argucias legales y prepotencia singular, que viene a definir una vez más, la verdadera cara de una empresa que tiene en su historial más reciente, infinidad de reclamaciones de usuarios y comercializadoras eléctricas por supuestos incrementos injustificados en el precio de la luz años atrás. Estas supuestas manipulaciones para subir la factura de la luz, supusieron pérdidas millonarias a muchas empresas españolas y extranjeras, hasta el punto de que algunas tuvieron que echar la llave para siempre. A estas demandas también se sumaron asociaciones de consumidores como FACUA u OCU que consideraron esas subidas, abusivas, arbitrarias e injustificadas. Por este tema, hay imputados cuatro altos cargos de la compañía y el asunto todavía está por resolverse.

Pero si volvemos la mirada a nuestra comarca, tenemos la farragosa, larga y tediosa gestión por la construcción de la subestación eléctrica a cargo de Iberdrola. Puesta en marcha hace ahora tres años, todo lo que rodeó a su instalación, costes y su precio final, estuvo envuelto en un halo de opacidad y arbitrariedad que obligó a cuatro alcaldes de la Foia de Castalla a presentar una denuncia ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por prácticas abusivas y monopolistas de la entidad.

No es necesario que la compañía se esfuerce en defender su imagen cargando contra un medio de comunicación. Todos nos podemos hacer una idea bastante aproximada de la catadura moral de los que la dirigen sin necesidad de atascar todavía más los tribunales con sus hilarantes demandas.