El Pleno, con el voto del PP y el CDL, y la abstención del resto de grupos aprobó el 11 de abril modificar la calificación jurídica de los inmuebles destinados a Palacio de Justicia con el fin de poder firmar un convenio con la Generalitat que permita al Ayuntamiento empezar a cobrar los 1,3 millones de euros que costó la construcción de esta infraestructura, inaugurada en 2009, y que se comprometió, mediante convenio, a financiar el Consell.

El Palacio de Justicia pasa ahora de ser un bien de dominio público a un bien patrimonial, lo que permite realizar un contrato de compra-venta, según explicó en el Pleno la portavoz popular, Amparo Pina.

PSOE, ADIi y EU se abstuvieron “para no obstaculizar el proceso”, según manifestaron sus portavoces, pero denunciaron que no se hubiese incluido en el expediente el borrador de la propuesta de valoración para conocer los detalles de esa operación de compra-venta. Sobre ello, la alcaldesa afirmó que ese documento se aprobará en un próximo Pleno.

Pina informó que el objetivo es agilizar todos los trámites para cumplir los plazos y empezar a cobrar en mayo.

El objetivo es arrendar el inmueble al Consell por un periodo de diez años, con derecho a compra, y con pagos mensuales de 15.000 euros.