El alcalde, José Luis Prats, explicó a este periódico que en el casco antiguo “se va a intentar una reforma integral” que requerirá su tiempo, ya que estas cosas “son lentas”.

En cualquier caso, el primer edil afirmó que “lo más lejos de nuestras intenciones es tumbar todo el casco antiguo, como algunos comentan”, sino que se pretende “darle vida” paulatinamente con “infraestructuras municipales que sean funcionales, servicios atractivos para la gente joven, tiendas, etcétera”.

Prats dijo que se han pedido ayudas públicas para ir rehabilitando el casco antiguo, pero “no hay soluciones inmediatas”. El alcalde baraja también la inversión privada.

En cuanto a la construcción, por parte del IVVSA, de 17 Viviendas de Protección Pública en el solar ubicado entre las calles Racó Peñetes y Las Parras, el alcalde reiteró que en breve se firmará el convenio entre esta institución y el Ayuntamiento para comenzar a acometer este proyecto, que será el primer paso para la rehabilitación paulatina del casco antiguo, cuya culminación requerirá varias legislaturas.

Por otro lado, el 30 de enero fue promulgado un edicto en el que se pide a los propietarios de nueve inmuebles cercanos a los últimos derrumbes espontáneos que procedan al derribo de sus viviendas, dado su carácter de ruina inminente.

Pasados quince días (es decir, a partir del sábado 14 de febrero), el Ayuntamiento está facultado para demoler estas viviendas de forma subsidiaria, a costa de los propietarios y con posibilidad de sancionarlos.

Las viviendas afectadas por este edicto se encuentran en las calles Sang (número 2) y Trinquete (números 2, 6, 8 y 12) y en la plaza Santo Tomás (números 1, 2, 4 y 6).

El alcalde recordó que la Ley Urbanística Valenciana (LUV) obliga a los propietarios a velar por el buen estado de sus inmuebles, de modo que los que no estén en condiciones y supongan un peligro tendrán que ser demolidos.