De las cosas que se entera uno, gracias a ese invento magnífico llamado grabadora. Nuestra aún joven democracia se sustenta en una especie de tierras movedizas malolientes, por todo ese caudal de dinero público que va a parar a bolsillos privados.
La tentación para el ser humano parece irresistible y, en cuanto dispone de presupuesto de todos para limpiar calles, recoger basuras, colocar columpios o imprimir folletos, se le suele ocurrir sacar tajada a cambio de encargarle el trabajo a fulano o mengano. Total, si casi todos lo hacen... triste coartada moral.
Si finalmente, la Justicia no encuentra nada de eso en el último caso escandaloso que acaba de saltar a la luz pública en Ibi, con dos concejales del PP y su alcaldesa salpicados, tanto mejor. Pero de las conversaciones que han trascendido se deduce que, se llegaran o no a consumar, los trapicheos se comentan con total naturalidad.
Que estos diálogos sean privados me parece una pamplina, porque los dineros de los que se habla no son privados. Al igual que en los casos Gurtel y Brugal, nos enteramos por casualidad. Y, sobre todo, nos llega la onda porque alguien de los que está en el ajo, o de los que se acerca al rico panal, en esta ocasión otro empresario, se graba y graba al político para luego ir al juzgado. ¿Cuántos tejemanejes descubriría la Policía si investigara de oficio? Por ejemplo, si se pincharan teléfonos móviles pagados del erario público de forma aleatoria, hoy el concejal de Fiestas de Algeciras, mañana el presidente de la Diputación de Huesca, y así sucesivamente. Aunque luego, para tirar de la madeja y seguir investigando, igual no había bastantes refuerzos con los cuatro millones de parados. ¿No hay forma de peritar para conocer el coste real de obras, servicios y todo lo que se encarga a empresas contratistas? ¿Cuántas cosas se podrían hacer con las comisiones que se reparten algunos?