El Consorcio provincial de Bomberos ha hecho pública la complicada situación por la que atraviesa el servicio, del que opinan que está siendo víctima de las luchas internas del PP (campistas y ripollistas) y de la “inoperancia” de sus responsables.

Según el Consorcio, la Generalitat Valenciana adeuda una gran suma de dinero que asciende a 4,8 millones de euros, a la que hay que sumar las deudas de algunos municipios que suponen 4,2 millones de euros.

Por otro lado, critican duramente la gestión de la Diputación de Alicante por haber realizado un gran dispendio en asesores de imagen políticos, “olvidándose de que tienen entre manos un servicio público de vital importancia que los ciudadanos pagan religiosamente”.

También denuncia el Consorcio el continuo incumplimiento de los acuerdos, la falta de voluntad para aplicar los convenios, el gran déficit de personal que existe en los parques y el olvido absoluto para crear una ley de Bomberos a nivel autonómico “que regule y optimice los recursos económicos y humanos, para poder ofrecer así un servicio de mayor calidad”.

Explican los bomberos que los responsables políticos han modificado la Ordenanza Fiscal que regula el servicio y, desde el 11 de febrero, los ciudadanos tienen que pagar también por los servicios de salvamento, es decir, si son rescatados de un accidente de tráfico, en la montaña o en su propia casa. Para el Consorcio esto es una muestra de la escasa sensibilidad política y del engaño a los contribuyentes sobre lo que deben ser los servicios públicos.

En estos momentos, añaden los bomberos, el servicio de extinción y salvamento “se ha abandonado a la deriva” mientras las administraciones están ocupadas en “sus vendettas particulares”.