Al profesor Antonio Martos le conozco más como persona y maestro de alguno de mis hijos, en su edad escolar, que como político; lo que me basta para saber que si asegura que la denuncia sobre las presuntas irregularidades laborales y fiscales referentes al Caso Sarabia no han partido del grupo PSOE, al que él encabeza, está diciendo la verdad. Es hombre más dado a la honradez que a la mentira.

Dicho lo cual y segando un poco más bajo, yo miraría el asunto desde otra vertiente: tal como entiendo que debería ser la política, la vehemencia que el PSOE está poniendo en negar que su grupo tramitara esa denuncia, tendría que emplearla en mostrar arrepentimiento por no haber tramitado esa, y cuantas hagan falta, para frenar los abusos de poder que suele cometer todo grupo que gobierne en mayoría, sobre todo, cuando el grupo que ostenta la alcaldía muestra esa reiterada cicatería ante las demandas de la oposición sobre los papeles que reflejan dónde va a parar el dinero público, como es el caso que nos ocupa.

Los partidos de la oposición tienen, no ya solo el derecho, sino también la obligación de ejercer como policía de quienes nos administran, entre otras, por dos razones fundamentales: una por su propio beneficio, puesto que tantos fallos cometa el partido en el poder, tantas posibilidades se les abren a los opositores de gobernar en un futuro y, la más importante: velar por los intereses de los ciudadanos, ese dinero público fruto de los impuestos que con tanto esfuerzo pagamos. No pueden quedar impunes casos en los que una concejal percibe la prestación por desempleo, si es cierto que dejó su puesto voluntariamente, presionada además, por su mala gestión en el desempeño de sus funciones que, como sabemos, acabó en los juzgados. Si a esto añadimos que un pensionista presta servicios al ayuntamiento, en tanto que los autónomos de su profesión se dan de baja a puñados porque no encuentran una chapuza a la que hincarle el diente, la situación requiere, no ya una policía, sino una inquisición que no sea santa, pero si justa.

Se me podrá decir –con toda razón– que todo pensionista que se encuentre medianamente bien de fuerzas, es comprensible que emplee parte de su tiempo en realizar algún trabajito que le reporte un refuerzo a su magra pensión, sobre todo si se ha jubilado como trabajador autónomo que, como todos sabemos, lo que percibe cada mes no le da para echar pedos en contra del viento. Pero que haga de patrón un organismo oficial con el fin de ahorrarse cargas sociales y un salario como marca la ley supone un ejemplo deplorable. El poder sin freno puede degenerar en dictadura. Y esto ya lo padecimos 40 interminables años.