Desde mediados de los 90 se quedó (si no la han tirado a la basura) una cinta confiscada en el Ayuntamiento de Onil en la que yo había cometido la osadía de grabar un Pleno. Como periodista, me resulta más ágil y práctico tomar notas, para luego no tener que volver a escuchar el largo debate, pero en aquellos tiempos del serio alcalde del PP José María Rozalén, el todopoderoso me reprochaba continuamente que en las crónicas no reflejaba lo que habían dicho los concejales. Así que decidí grabarles, como prueba de autenticidad.

Lo que ocurre es que la máxima autoridad local se había inventado una prohibición anticonstitucional y me mandó a la Policía Local... como ahora ha hecho su compañera de partido Maite Parra en Ibi, en dos sesiones plenarias de las que ha desalojado a un vecino.

Al menos, la ibense salva de esta absurda censura a los profesionales de los medios de comunicación. Vamos, que si este “peligroso” delincuente de la cámara se pone de acuerdo con un periodista para que le pase el vídeo, ya todo es legal. Incluso podrían colgar estos apasionantes intercambios dialécticos en youtube, si es que no los retransmite ninguna televisión local o comarcal.
Yo les pondría en Internet un comentario-guía debajo, especificando en qué minuto hay tomate, para saltarse los pasajes más soporíferos.

Qué error, no apostar por la transparencia y airear el máximo posible cuanto se cuece con el dinero de todos. Si toda la información municipal estuviera a la vista en todo momento, con naturalidad, eliminaríamos poco a poco esa triste convicción de muchos ciudadanos de que en política se está para mangonear, y que poco importa a quién vote uno. Así nos va, con la abstención como tercera fuerza política con más respaldo en casi todas partes.