El grupo municipal socialista ha presentado una propuesta para intentar salvar de “una situación injusta”, a los propietarios de viviendas en parcelas rústicas de 5.000 metros cuadrados. Según explica la edil Yolanda Venteo, tras la aprobación de una modificación del Plan General, estas parcelas quedan fuera de ordenamiento y se fija, únicamente, en 10.000 m2 la parcela mínima para construir.

Sin embargo, existen muchas casas de campo que están contruidas en parcelas pequeñas, principalmente en zonas como la Devesa, ya que la Generalitat permitía la excepción de poder construir con 5.000 m2 en algunas zonas rurales de Ibi por su “especial idiosincrasia”.

Venteo señala que esta convivencia de dos parcelas mínimas en el PGOU “ha dado pie a muchas polémicas y controversias porque, como ocurre en muchos casos, las normas, sobre todo cuando regulan excepciones legales, se crean para dar solución a problemas reales pero muchas personas las utilizan para su provecho”.

Ahora, la nueva Ley de Urbanismo de la Comunidad Valenciana (LOTUP), contempla mecanismos para legalizar lo que se encuentra en un limbo jurídico, siempre que se cumplan una serie de requisitos, como que sean núcleos consolidados, es decir, que estén construidos desde hace mucho tiempo.

Acogiéndose a estas medidas, el PSOE propone crear un Plan Especial en el que los titulares de las viviendas afectadas puedan solicitar la denominada “licencia de obras de legalización” (artículo 212.2 LOTUP), lo que les permitiría solicitar las licencias de primera y sucesivas ocupaciones, necesarias para acceder legalmente a los suministros de electricidad, agua y gas.

La concejal socialista explica que para llevar a cabo esta propropuesta, el Ayuntamiento debe efectuar “un trabajo previo y laborioso para saber exactamente el número de viviendas que tenemos en suelo no urbanizable, así como las infraestructuras que poseen las mismas, es decir, si cuentan con sistema de depuración de aguas, si tienen agua potable, electricidad, servicio de recogida de basuras y si los caminos y vías de acceso cumplen los requisitos mínimos de seguridad”.

Sin embargo, el asunto se dejó sobre la mesa en la última comisión de Urbanismo, circunstancia que denuncia Venteo “porque mientras se estudia esta cuestión, muchas viviendas de campo siguen en el limbo legal en el que las dejó la última modificación del PGOU”.