La exconcejal popular Ana Sarabia se presentaba el jueves ante cerca de 150 personas  para demostrar que durante su gestión al frente del Polideportivo Municipal no se quedó con dinero público, sino que sólo hubo una mala gestión administrativa, de la que culpabilizó principalmente al gerente del Polideportivo.

Sin embargo, no pudo demostrar lo que denominó “una trama para tirarme a la calle”, orquestada por excompañeros de partido, porque un acta notarial, a instancias de un implicado (Ángel García Guillem, de Toplabi), le impidió reproducir en la sala la grabación de la “conspiración”, con posibles consecuencias penales, ya que la cinta es una prueba judicial en el caso de Toplabi contra técnicos municipales.

Explicó la exedil que también recibió amenazas telefónicas, que ya ha denunciado ante la Guardia Civil y, en su lugar, proyectó en una pantalla los rostros de los concejales que aparecen en esa cinta.
Según publicó Escaparate a finales de año, tras tener acceso a una transcripción, los ediles Rafael Pastor, José Antonio Onsurbe y Felicidad Peñalver hablaban de “cargarse” a Ana para desestabilizar a la Alcaldía.

Sarabia manifestó al numeroso auditorio que era de “cobardes” haber impedido la difusión del contenido de la grabación y aseguró que “voy a luchar por hacerla pública”.

Sarabia, que está imputada por malversación de fondos públicos tras denunciarse la existencia de una caja B en el Polideportivo que la obligó a dimitir en marzo de 2009, se amparó en un informe pericial encargado por el magistrado del Juzgado número 2 de Ibi, donde se concluye que todos los pagos realizados en el Polideportivo estaban justificados y que no existieron cantidades con destino desconocido, lo que a su entender “era más bien una mala praxis que un hurto”.

Según Ana Sarabia, esta forma de trabajar era común en otras concejalías y presentó documentos para explicar que compañeros suyos organizaron cursos y viajes que se pagaron con recibos y no pasaron por la contabilidad municipal.

Asimismo, presentó facturas correspondientes a los años de gobierno del PSOE, donde los pagos se efectuaban “con dinero en metálico de la caja única del Polideportivo”.
Esta comparecencia pública, la primera tras su dimisión en marzo de 2009, la justificaba Sarabia por varios motivos: “Porque le debo una explicación a la gente que confió en mi y me respaldó en aquella manifestación frente al Ayuntamiento, porque he decidido de nuevo trabajar por Ibi desde la política y por las conclusiones de la auditoría que dicen que no hubo hurto ni desviación de capital”.

Aunque reconocía haberse equivocado, aseguraba que no asumiría todos los errores y  afirmó que lamentaba, a diario, haber dejado el acta de concejal.

Sobre este asunto, Sarabia presentó los documentos (el ROF y la RPT) para demostrar  que era el gerente del Polideportivo quien tenía asignadas las funciones de control y supervisión del cobro de las tasas y que, por tanto, era el responsable de llevar las facturas al Ayuntamiento para su fiscalización. Ningún concejal lleva las facturas, es trabajo de los funcionarios”. 
Explicó que ha presentado una denuncia por falsedad documental ya que de las 1.500 facturas que obran en el sumario de la investigación, “sólo el 5 por ciento llevan mi firma, el resto no la tienen o está duplicada”.

Capítulo aparte dedicó a la exconcejal de PP, Felicidad Peñalver, ahora en el Grupo No Adscrito tras su expulsión en enero de 2009, a la acusó de “mentir” al juez cuando, en agostó declaró que no conocía la grabación y, en cambio, cuatro meses antes presentó un escrito en el Juzgado para que se retirara la cinta.

Sabaria criticó a sus excompañeros de partido por no haberla defendido y mostró facturas de otras irregularidades que se siguen cometiendo en el Polideportivo como el pago a una empresa de limpieza “cuando hay gente contratada para estos trabajos”.