El Asilo San Joaquín está atravesando por uno de los momentos de liquidez económica más grave, que puede poner en peligro la continuidad del servicio de atención a los mayores, debido al impago que mantiene la Generalitat, desde principios de año, de las 17 plazas públicas subvencionadas, del total de 36 que tiene el Asilo.

Trabajadores, usuarios realizaban ayer martes 20 de diciembre por la mañana una protesta a las puertas de la residencia para reclamar el pago de los 158.912 euros que debe el Consell y que están ahogando al centro. A la concentración se unieron vecinos y representantes de todos los grupos políticos, entre ellos, la concejal de Servicios Sociales, Sara Díaz.

La directora Cristina Bodí explicaba a los asistentes, mediante la lectura de un comunicado, que el centro ha asumido hasta ahora el coste de las plazas “pero no podemos aguantar más”. Explicaba que muchos proveedores han alertado que dejarán de servir al Asilo si no pagan y “nuestros recursos ya son inexistentes  por lo que la situación es grave”.
Bodí indicaba que han contado con una donación privada para mantener el servicio durante el año pero que, ahora, ya no se ha podido hacer frente tampoco a la paga extraordinaria de los 24 trabajadores.

El Asilo forma parte de la Asociación de Residencias del sector Solidario de la Comunidad Valenciana (Lares), que integra a 44 centros, convocados todos para realizar la protesta a la misma hora por los 14 millones de euros que les adeuda la Generalitat.

La asociación ha interpuesto una demanda judicial a la Generalitat, por el falta de respuesta pese a las reiteradas negociaciones, en la que reclama la deuda y los intereses de demora.

Sara Díaz indicaba que el Ayuntamiento aporta una subvención anual de 5.000 euros al Asilo pero que, dada la gravedad de la situación, los grupos políticos estudiarán medidas adicionales.