El equipo de gobierno ha solicitado una orden judicial para inspeccionar unas obras en una vivienda del portavoz de Esquerra Unida, ya que “hasta en tres ocasiones se impidió el acceso de los técnicos municipales al domicilio”, denuncia el concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Agüera.

El miércoles 14 de abril, técnicos municipales, acompañados de agentes de la Policía Local y de una orden judicial, pudieron acceder a la casa de campo donde reside habitualmente el concejal, José Vicente Verdú.

El objetivo, explica Agüera, era inspeccionar las obras realizadas recientemente por el concejal, “tal y como aleatoriamente se ha hecho con tantos otros vecinos de Ibi que han realizado mejoras en sus domicilios pero, mientras lo normal es que los vecinos no pongan impedimentos a estas inspecciones, el edil de EU había impedido hasta la fecha que los técnicos del Ayuntamiento pudiesen realizar su trabajo”.

El PP ha recurrido a un juez para que autorizara la actuación “por lo que tuvo que ser necesaria la presencia de agentes de la autoridad que asegurasen que no se volvía a impedir la inspección”, indica el concejal de Urbanismo.

Campaña de acoso

Ante este hecho, el concejal de EUPV, denuncia una campaña de coacciones, acoso y persecución política, “a mi y a mis familiares”. Explica que el el procedimiento iniciado de forma arbitraria por el concejal de Urbanismo es totalmente “irregular y mi esposa, que es la realmente afectada, se encargará de ejercer las acciones judiciales que correspondan para defender sus intereses, toda vez que considera han vulnerados sus más elementales derechos”.

Opina Verdú que resulta “altamente sospechoso y muy preocupante” que el Partido Popular, prevaliéndose de la situación de privilegio en el Ayuntamiento, obtenga acceso a datos e informaciones que deberían ser tratadas de forma confidencial.

Aclara José Vicente Verdú que en ningún momento se ha impedido la inspección, únicamente se han exigido que las actuaciones se lleven a cabo con absoluta legalidad, “pues la Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio y la ley dispone que para entrar en un domicilio particular siempre es necesaria una autorización judicial”. Considera , por tanto, que fue innecesaria la presencia de la policía municipal.

Grabado en video

Verdú denuncia que a la puerta de la parcela había una persona, “contratada por el Partido Popular”, provista de cámara de vídeo para grabarlo todo, “lo que demuestra que ha existido una filtración interesada de datos que, se supone, deberían ser confidenciales”. Ante ello, se reservan futuras acciones, incluso en vía penal, que puedan ser presentadas en contra de estas actuaciones “caciquiles, arbitrarias y desproporcionadas”.

Publicidad en el blog

El PP acusa a Verdú de haber filtrado él la información de esta inspección a través de su blog. Además, asegura que es el único ciudadano al que ha hecho falta recurrir al juez para este tipo de actuaciones.